El Plan Integral para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2030 fue presentado ante el Concejo Cantonal como una herramienta que contempla la ejecución de políticas de prevención del delito y la violencia en la ciudad.
Entre sus pilares está el fortalecimiento de la gobernanza, reconstrucción del tejido social y robustecer el sistema de seguridad con tecnología. Se distinguen “zonas de riesgo crónicas” en las que se priorizará la intervención por los diversos problemas sociales y altos índices de delincuencia que registran.
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Para alcanzar estos objetivos se contemplan tres proyectos de ordenanza y la reformatoria del cobro de una tasa, vigente desde hace más de diez años, que permita sostener las acciones por ejecutarse en materia de seguridad.
Andrés Sandoval, gerente de la Empresa Pública Municipal de Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura), dijo que, enmarcados en esos tres objetivos, ya se discuten en el interior del Municipio los borradores de estas normativas.
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Son tres ordenanzas, totalmente nuevas y de las que ya se tienen borradores; una de ellas incluso ya se está debatiendo a nivel técnico con el procurador síndico para que esté enmarcada a los órganos legislativos del cantón. Las normativas van enfocadas en seguridad, violencia de género y recuperación del espacio público.
Dentro de los apartados, por ejemplo, se cita la ordenanza que haga efectiva la sanción por parte de las autoridades municipales a través de los estamentos locales para el consumo de alcohol y drogas en espacio público, ruidos molestosos y mal uso de espacio público.
También se habla de las sanciones a eventos de carácter público sometidos al control de las entidades municipales.
Una tasa para obtener recursos por servicios de seguridad ciudadana
Sandoval explicó que, en el caso de la tasa que se desea implementar a través de ordenanza, esta servirá para obtener recursos por servicios de seguridad ciudadana. La normativa, sin embargo, no sería una ordenanza nueva, más bien una reformatoria a una vigente desde el 2012.
En ese año, según registros del Municipio, se aprobó la ordenanza que norma la instalación externa obligatoria de equipos e infraestructura de seguridad en instituciones públicas y privadas del cantón. En ese cuerpo legal se establece una tasa por servicio de operación y monitoreo.
El gerente de Segura EP dijo que esta tasa de monitoreo debe ser configurada como una tasa de seguridad. “Si nos ponemos a analizar, no está bien calculada (la tasa), no está actualizada y es una tasa que se cobra a ciertas personas, ciertos grupos. Es tasa hay que actualizarla, ya que fue lanzada en 2012″, indicó Sandoval.
El funcionario municipal reiteró que esta sería una reforma integral, técnica y global a la normativa vigente y que no será destinada solo para ciertos puntos focales, ya que no sería “justo y correcto” mantenerse así.
“En seguridad nunca hay gasto; lo ha mencionado el alcalde Aquiles Alvarez. Esto se lo ve como una inversión. Creemos que es necesario para tener una sostenibilidad. (...) Guayaquil es la única ciudad que no lo tiene; por eso, hay muchas cosas que hay que actualizar”, señaló.
Con esta tasa, aunque no se ha especificado el monto que recaudará año a año, se prevé recoger los fondos para el financiamiento de las acciones que se ejecutan en materia de seguridad en la ciudad.
Ordenanza enfocada en violencia de género
La norma plantearía un abordaje enfocado en la protección de derechos. Se establece, indicó Sandoval, a través del plan integral presentado, un programa de prevención y erradicación de la violencia de género.
Gestionar las llamadas al 911 como línea única especializada se contempla en la iniciativa. En ese sentido, configurar un servicio de atención de auxilio inmediato para las víctimas de violencia extrema (violencia sexual y tentativa de femicidio).
También se considera en el plan un abordaje integral sobre el trabajo sexual desde un enfoque de protección de derechos.
Al ser consultado sobre si se podría considerar la implementación de una nueva zona de tolerancia en la ciudad, Sandoval indicó que se está analizando. “Es un gremio que no se ha logrado establecer un diálogo directo y específico con ellos, ya que hay muchos portavoces”, explicó.
El gerente de Segura EP dijo que, al igual que los comerciantes autónomos, este es un tema en el que se debe dialogar y buscar espacios para que puedan hacer su trabajo. (I)