La Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud (Anpes) se mantiene en crisis por procesos pendientes de auditoría y arrastre de deudas por atenciones de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El director de la asociación, César Serrano, que agrupa 399 socios, expuso que pasan esta situación y deriva en graves afectaciones a sus operaciones ya que tienen retrasos de cuatro a seis meses en pago de proveedores, además de empleados y pago de colaboradores.

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Él expuso que esta situación se deriva de catorce meses de retrasos en procesos de auditoría y pagos a prestadores externos. Los valores sobrepasaría los $ 1.340 millones que arrastra valores de 2023, 2024 y unos cuantos valores de 2021, a base de sus estimaciones.

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Sobre los retrasos, él explicó que al firmar un convenio el proveedor tienen que someterse a procesos de auditoría para que se considere una deuda en firme y se pueda presentar una facturación.

“Mientras no se da el proceso de auditoría, la deuda no está en firme”, lamentó e indicó que no se estaría cumpliendo la normativa vigente acerca de pagos.

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El director pidió que la Asamblea y la Fiscalía fiscalicen el destino de fondos recaudados por parte del IESS y el empleo de estos en cubrir las atenciones a sus afiliados.

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“Que se acate el acuerdo ministerial, el Seguro Social no acata las disposiciones de los acuerdos ministeriales publicados en el Registro Oficial”, expresó.

Sobre señalamientos de supuestos sobreprecios, él expuso que cada uno de los servicios prestados tiene un “techo” que impide facturar valores por encima de lo normado.

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En cuanto a los procesos de auditoría, el director indicó que en el 2023 se adjudicó convenio a una empresa para agilitar el proceso en una plataforma digital, sin embargo, los procesos de cargado de documentación de facturación tiene al menos un año de retraso.

“De los cinco a seis meses cargados de 2023 la mayoría ha recibido pagos de uno a dos meses, estamos hablando de catorce meses que estamos impagos “, dijo y lamentó que esa empresa habría terminado su convenio y desconocen hacia dónde se canalizará el proceso.

Por esta situación, al menos 400 empresas sufren problemas graves que podrían motivar su cierre, sin embargo, ya prestadores que han quebrado.

“Nosotros tenemos un compromiso ético y moral con el paciente, con el jubilado, tenemos un convenio que no podemos cerrar unilateralmente, tenemos que adaptarnos a la liquidez que tenemos, lastimosamente reducir la operatividad de cada uno de los centros privados con convenios”, dijo.

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La red privada complementaria ofrece más de 7 millones de atenciones, genera unos 150.000 empleos directos e indirectos y tratan a más de 400.000 pacientes con males crónicos.

Serrano dijo que hasta ahora no han tenido ningún avance con autoridades del IEES sobre esta problemática.

“Lo más penoso que antes esta falta de recursos que tienen centros médicos aun así las exigencias del Seguro Social son interminables, porque para ellos poder pagar una factura el prestador debe estar al día con sus obligaciones patronales”, dijo Serrano. (I)