A los chats grupales llegan una tras otra las quejas de los vecinos. Unos reclaman porque los chamberos se roban los medidores de agua en el barrio del Salado, porque faltan luminarias en la vía Perimetral o porque hay escasez de alimentadores en la troncal 2 de la Metrovía.
Otros exigen el arreglo de las calles dañadas en el sector de Cisne 2, que Puerto Limpio recoja la basura desperdigada en la calle 4 de Noviembre del Suburbio o que limpien las alcantarillas para que no se inunde Sauces 6. También hay quienes se indignan por la venta de drogas afuera del colegio Aguirre Abad, por el robo a turistas en Las Peñas o por el abandono de los ancianos con alzhéimer que deambulan por Guayaquil.
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Los reclamos caen en las bandejas de WhatsApp que administran decenas de gestores y líderes comunitarios que diariamente lidian con los problemas que enfrentan los habitantes de barrios y ciudadelas de la urbe porteña.
“Tengo que calmar a los moradores. Yo canalizo los pedidos y necesidades a la entidad respectiva, Municipio, CNEL, CNT y a veces hasta la Presidencia. Es gracioso, hay personas que me dicen el alcalde del barrio”, cuenta Gustavo Rivadeneira, el presidente del Comité de Moradores del Barrio Patrimonial del Salado, un sector compuesto por 58 manzanas y 2.500 ciudadanos ubicado entre las calles Quisquís, 10 de Agosto, Machala y el estero.
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También canaliza ayuda social. Este año, cuenta Rivadeneira, lograron encontrar albergues para cuatro personas que vivían en las calles. “Uno con alzhéimer, otro con problema de drogas y dos ancianos abandonados por sus familias. Me ayudan la Iglesia católica, el Municipio, la Presidencia. Soy muy vehemente, pido, pido, pido hasta que se logra conseguir”.
La misma vehemencia demuestran Lorena Egas, gestora comunitaria de la ciudadela Naval Norte, y María Bustamante, dirigente barrial en Sauces 6, para pedir a las autoridades municipales, respectivamente, que retiren los puestos informales de comida que producen suciedad en una intersección del norte de Guayaquil donde se abordan los buses que van a Durán, y que se aplique la Ley de Participación Ciudadana para que los presupuestos sean distribuidos equitativamente a las zonas más empobrecidas.
“Que sea respetuoso con el presupuesto participativo, que digan con cuánto se cuenta y distribuir a los sectores más necesitados”, dice Bustamante, mientras que Egas pide ser atendida por el alcalde. “Yo pedí una reunión, porque era la presidenta del Comité Ciudadano Local de Salud, pero nos mandaron a hablar con un médico delegado que nunca me dio cita, ya no volví a insistir”.
Rivadeneira aconseja al alcalde que “se reúna con los gestores comunitarios lo antes posible, que los escuche”. Con él coincide César Cárdenas, del Observatorio de los Servicios Básicos de Guayaquil, quien agrega que hay “una ausencia completa de participación de la ciudadanía, no se ha planificado con la gente”. “La nueva división territorial que ha propuesto mediante ordenanza se hizo sin consultar con nadie, ninguna organización fue consultada”, advierte este veedor.
Los mecanismos de participación ciudadana no han funcionado bien. “Lo que hubo en este primer año son procesos de socialización para contar lo que van a hacer (…) la participación que ellos hacen es de baja calidad, porque solo es con gente cercana, eso para mí es el talón de Aquiles”, analiza Manuel Macías, director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil (OPPG).
La participación ciudadana -creen los veedores- es clave en la administración de una ciudad porque permite que las autoridades tengan una visión ‘más territorial y no de escritorio’, mejora la gobernanza local y garantiza el seguimiento a los proyectos y obras públicas para que sean más efectivas para las comunidades.
“Yo fui coordinador de la veeduría de planificación y presupuesto participativo de la Municipalidad de Guayaquil 2024, no hubo apertura realmente, finalmente la planificación se hizo a puerta cerrada, entre autoridades y funcionarios municipales, y luego simplemente se socializó la información. Al alcalde no le interesa, se cree autosuficiente, que no necesita de nadie”, cuestiona el director de la OPPG.
Su estilo de comunicarse fue comentado por algunos de los consultados, pues, según dijeron, revela su personalidad, a la que califican de ‘chabacana’, ‘futbolera’, ‘deportiva’, ‘irrespetuosa’, ‘como si todo se tratara de ganadores y perdedores’ y ‘buscando mostrarse como un guayaquileño que dice malas palabras y usa metáforas populares’.
“Que tome valeriana para que no sea tan fosforito en redes”, fue una de las recomendaciones que le dieron para su segundo año de gestión como personero municipal.
A diferencia de la forma personal en que se comunica, calificaron de ‘buena’ la comunicación oficial del cabildo. En este primer año de Aquiles Alvarez se han destinado $ 10,6 millones para contratos que tienen como fin la difusión y promoción de las 14 instituciones que conforman el holding de empresas de la ciudad.
El municipio, como entidad matriz, registra la mayor contratación en comunicación con $ 4,3 millones, le sigue la Empresa Pública de Tránsito y Movilidad (ATM) por $ 2,9 millones. Ahí constan, por ejemplo, la contratación de pautas publicitarias en todas las plataformas, producción de noticieros, transmisión de spots, programas y eventos especiales, campañas informativas y otros.
“Todo lo que ellos publican, los videítos donde ‘la vida es bella en Guayaquil’, todos esos espacios son buenos, conectan con los jóvenes, es positivo, pero $ 10 millones me parece un exceso, demasiado”, cuestionó Macías, de la OPPG. (I)
