33 procesos municipales y 13 de empresas públicas están suspendidos en Guayaquil, según el cabildo

“Se han suspendido todos los procesos elevados al Sistema Nacional de Contratación Pública. Todos, absolutamente todos”, afirmó César Poveda Valdivieso, coordinador general jurídico del cabildo de Guayaquil, durante una rueda de prensa en el Palacio Municipal. Según el funcionario, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene suspendidos 33 procesos municipales y 13 correspondientes a empresas públicas desde el 19 de febrero.Poveda enumeró proyectos que, de acuerdo con su versión, quedaron paralizados: la reconstrucción del mercado Guasmo norte, trabajos en la Juan Tanca Marengo, soterramiento en Urdesa, repotenciación en Sauces, mantenimiento vial en suburbio y norte, adquisición de luminarias, infraestructura tecnológica y la implementación de un centro de tratamiento de adicciones (Cetad).Sobre las empresas públicas, Poveda indicó que trece procesos están suspendidos y que entre ellos constan contratos vinculados al mantenimiento de la Metrovía, el sistema semafórico, la señalización vial y la seguridad de la terminal terrestre. Añadió que también se incluyen trabajos en parques deportivos y mantenimiento en vía a la costa.Dijo que la causal señalada sería que la máxima autoridad municipal no contaba con certificación vigente en el sistema de contratación pública. Sin embargo, sostuvo que el alcalde delegó las funciones al director de Compras Públicas, quien, según afirmó, sí está certificado.“El alcalde no es operador. No intervino en ninguna fase de los procesos”, manifestó.Poveda añadió que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, ya cuenta con el certificado correspondiente, por lo que, según dijo, no existiría ausencia de formalidad para continuar con los trámites.El funcionario señaló que el Municipio presentará la justificación técnica ante el organismo hasta el próximo martes y que, una vez recibida la respuesta, evaluarán posibles acciones legales.Durante su intervención, calificó la medida como una “asfixia administrativa” y sostuvo que la suspensión afecta directamente a los ciudadanos al retrasar obras y servicios. (I)

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