La 14 enmienda a la Constitución de los EE. UU., adoptada en 1868, establece, entre otras cosas, la nacionalidad por nacimiento, conocida como ‘ius soli’ (o derecho de suelo). Esta enmienda es fundamental en la determinación de la ciudadanía estadounidense.
En su Sección 1, establece que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen.”
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Esto significa que cualquier persona nacida en el territorio de los EE. UU., incluidas sus posesiones y territorios, es automáticamente un ciudadano estadounidense, sin importar la nacionalidad o estatus migratorio de los padres. Esta cláusula es conocida como el ‘principio de ius soli’.
No obstante, hay ciertas excepciones a esta regla, que se incluyen en la interpretación y aplicación de la ley. Por ejemplo, no se otorga la nacionalidad por nacimiento a los hijos de diplomáticos extranjeros o personal militar extranjero.
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En resumen, la 14ª Enmienda establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, con algunas excepciones limitadas que dependen del estatus de los padres. Esta norma ha sido clave en la definición de la ciudadanía en los EE. UU., y ha sido confirmada y aplicada a lo largo de los años en varias decisiones judiciales.
El precepto fue interpretado en 1898 por la Corte Suprema como un derecho total y sin restricciones a la ciudadanía por nacimiento en el caso EEUU v Wong Kim Ark, cuando dictaminó que un hijo de ciudadanos chinos nacido en EE. UU. era automáticamente ciudadano estadounidense.
Ahora, con el próximo regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, esto podría cambiar. Meses atrás, el ahora mandatario electo prometió acabar con esa doctrina, aunque si bien en su campaña presidencial en 2016 también prometió poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, nunca emitió la orden ejecutiva en su primer mandato, detalla Univision.
Fue en 2023 cuando Trump volvió a anunciar un plan de acabar con el derecho de la ciudadanía por nacimiento. Dijo que “EE. UU. es uno de los pocos países del mundo que dice que incluso si ninguno de los padres es ciudadano o incluso se encuentra legalmente en el país, sus futuros hijos son ciudadanos automáticos en el momento en que los padres ingresan ilegalmente en nuestro suelo”.
El político y millonario sostuvo que la interpretación que ha sostenido la Corte Suprema en varias decisiones tomadas desde 1898 es una " interpretación errónea deliberada de la ley por parte de los defensores de las fronteras abiertas”.
Trump promete también emitir un decreto en su primer día en la Casa Blanca “aclarando a las agencias federales que bajo la interpretación correcta de la ley en el futuro, los hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía automáticamente”.
En todo caso, un decreto presidencial en sí mismo no tiene el poder de derogar más de 100 años de jurisprudencia. No obstante, la orden prometida por Trump podría iniciar una batalla judicial que muy probablemente terminará en una Corte Suprema marcadamente conservadora. (I)