Oportunidad de negocio o golpe de suerte: si hay una compañía que reporte ganancias en medio del dolor y la angustia que deja el avance de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, es Deployed Resources.

Esta, junto con su empresa hermana, Deployed Services, “se ha adaptado a las cambiantes políticas y prioridades del gobierno en la aplicación de la ley migratoria”.

Así lo revela una investigación de ProPublica.

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Deployed Resources es una compañía conocida en Estados Unidos por prestar servicios logísticos en festivales como Lollapalooza, señala el medio. Ahora, gestiona instalaciones de detención para migrantes arrestados dentro del territorio estadounidense, publica también La Nación.

Como fundadores de esta empresa figuran Richard Stapleton y Robert Napior.

Explican en ProPublica que “desde 2016, Deployed Resources ha disfrutado de un monopolio virtual en el suministro de estructuras de carpas para inmigrantes a la CBP para ayudar con la afluencia repentina de inmigrantes”.

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La Nación presenta que “un encuentro clave con un exfuncionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)”, hace dos décadas, “les abrió la puerta al ecosistema de contratistas federales vinculados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)”.

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Durante el primer mandato de Trump, la contratista instaló tribunales temporales de carpas para personas obligadas a esperar en México sus audiencias de asilo bajo una política conocida como los Protocolos de Protección al Migrante.

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Señalan en ProPublica que, cuando gobernaba Joe Biden, “la empresa también ganó cientos de millones de dólares operando centros de detención de emergencia para menores no acompañados, financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos”.

Miles y miles de dólares

De acuerdo con lo investigado por ProPublica, Deployed Resources obtuvo un contrato de hasta US$3,8 millones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para operar un campo de detención en Fort Bliss, Texas.

Añaden que ese “es el contrato más grande que la empresa ha recibido y la primera vez que el ICE avanza con sus planes de detener en tiendas de campaña a miles de personas arrestadas en Estados Unidos en bases militares antes de su deportación”.

En marzo de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) declaró que ya no necesitaba las tiendas de campaña gestionadas por Deployed.

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Sin embargo, sostienen en ProPublica, “los militares ahora contratarán a Deployed para utilizar una de esas instalaciones fronterizas para albergar a personas arrestadas por ICE”.

Los registros revisados por ProPublica reflejan que, hasta la fecha, “Deployed Resources y Deployed Services han recibido más de US$4 millones en contratos federales relacionados con la gestión de infraestructura fronteriza”.

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La Nación, que los cita, expone que la compañía también ganó un contrato adicional por US$5 millones para suministrar personal de seguridad desarmado.

Pero no es solo dinero lo que “gana” esta empresa. Recientemente, dice ProPublica, “Marlen Pineiro se unió a Deployed tras 40 años en el gobierno, incluyendo más de una década en el Servicio Ejecutivo Superior de ICE, según su perfil de LinkedIn”. (I)

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