Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena por la desaparición y posterior asesinato e incineración de los cuatro menores de Las Malvinas.
Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, fueron capturados por una patrulla militar y después sus restos fueron hallados en una zona de manglar de Taura, a 60 km de Guayaquil.
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La CIDH indicó este miércoles, 22 de enero, que el Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas.
“Steven, Josué, Ismael y Saúl fueron víctimas de desaparición y asesinato; luego, sus cadáveres fueron destruidos, presuntamente, con el fin de eliminar evidencias y buscar impunidad en el caso”, reseña la CIDH.
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La CIDH reconoce la decisión de la jueza que concedió el habeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos. En ese contexto, la CIDH expresa “su preocupación por las declaraciones del Ministerio de Defensa, que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país, en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos”.
Se refiere así a las disculpas públicas que emitió esa cartera de Estado y que para los defensores de los derechos humanos sonaron a una amenaza para la jueza que concedió el habeas corpus a lad familias de las víctimas.
Según esta instancia, el Estado transmitió a la CIDH su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos. En particular, informó sobre los distintos esfuerzos de localización realizados por las instituciones públicas para la búsqueda de los desaparecidos; la identificación de los cuerpos; las medidas para garantizar la presencia de los presuntos implicados en el proceso penal; y las diversas acciones para cooperar con la justicia penal.
En un comunicado, la CIDH subraya la importancia de que el Estado redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares.
“Se debe indagar la responsabilidad de agentes estatales y examinar las circunstancias de los asesinatos, incluyendo la investigación de la posible comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, indicó la CIDH.
La instancia además llama a Ecuador a garantizar la seguridad de las familias; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas.
La CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también se refirió a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
Sobre este aspecto, la CIDH recomendó que el Estado debe adoptar medidas urgentes para asegurar que todas las políticas de seguridad interna tengan un enfoque de derechos humanos, que incluya priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes contra la violencia institucional, estructural y el perfilamiento racial.
Dijo que en este marco, al implementar medidas de seguridad ciudadana, el Estado debe cumplir su obligación reforzada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, dado su especial situación de vulnerabilidad y la relación de subordinación en que se encuentran.
La CIDH alude también a los sucesivos estados de excepción y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. “No escapa de la atención de la CIDH el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales”, señaló el organismo.
Ante ello, la CIDH recordó que los estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles, pues las fuerzas armadas reciben entrenamientos dirigidos a “derrotar al enemigo”, y no a la protección y control de civiles. (I)