Amnistía Internacional (AI) reclamó este viernes a las autoridades de Haití que detengan con urgencia los desalojos "violentos e ilegales" de cientos de personas que viven en los campamentos provisionales que se levantaron tras el terremotol de 2010.
La organización humanitaria advirtió sobre una "nueva oleada" de desalojos que ha dejado a decenas de familias sin hogar y divulgó que oficiales de policía expulsaron del campamento de Fanm Koperativ, en la municipalidad de Puerto Príncipe, a 84 familias de forma violenta el pasado 22 de enero.
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De acuerdo con al información recogida por AI, las familias no habían recibido notificación previa alguna antes del desalojo y fueron obligadas a abandonar sus tiendas por policías acompañados de un grupo de personas armadas con machetes y martillos.
"Sobre las diez de la mañana, un grupo de oficiales de policía acompañados por hombres armados llegaron al campamento. Nos insultaron y comenzaron a tirar abajo nuestras tiendas. Nos empujaron para echarnos y los policías sacaron sus pistolas para impedir que pudiéramos reaccionar", recordó Suze Mondesir, una residente en el campamento.
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Pocos días antes de la expulsión, algunos vecinos de la comunidad habían organizado una rueda de prensa para lamentar la falta de respuesta de las autoridades sobre su situación, por lo que creen que los desalojos pueden ser una represalia.
"Las mujeres han resultado particularmente afectadas por la expulsión. No solo han perdido sus casas, sino también sus modestas iniciativas de negocio", explicó Cléane Etienne, residente del campamento y miembro de la cooperativa local.
"No solo hemos perdido nuestras propiedades, es que ahora tendremos que volver a comprar madera y plásticos para volver a construir un espacio para refugiarnos, no tenemos ningún otro sitio al que ir", explicó Etienne.
Por su parte, Javier Zúñiga, consejero especial de Amnistía Internacional, señaló que "expulsar a esas personas agrava aún más el trauma en unas personas que ya lo perdieron todo en el terremoto".
"No les dejan ni siquiera recoger sus cosas y les dejan en la calle. Las autoridades están negando su dignidad a las víctimas del terremoto", sostuvo Zúñiga.
