Participar en la toma de decisiones en los concejos municipales es una de las aspiraciones de los comerciantes informales planteadas en el proyecto de Ley de Defensa del Microempresario, Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista.

Esto, según Jorge Escala, ex presidente de la UNE y actual asambleísta del Movimiento Popular Democrático, se lograría a través de la instalación de la silla vacía.

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El legislador explicó que el art. 17 del proyecto expone que "en los gobiernos autónomos descentralizados, cuando se traten temas de regulación del uso y ocupación del suelo destinado al comercio, y en ellos se afecte a los trabajadores autónomos, ellos ocuparán la silla vacía para participar en el debate y toma de decisiones".

La silla vacía, según el artículo 101 de la Constitución, la "ocupará un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y toma de decisiones".

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Vicente Arboleda de la Cruz, coordinador de Foro Urbano, organización de comerciantes informales, afirma que tener un representante en las sesiones municipales les permitirá contar con una voz que refleje sus opiniones. Entre sus peticiones están que se discutan temas como la distribución de espacios en las redes de mercados para dar cabida a quienes no tienen locales, como heladeros y coleros. Sin embargo Henry Cucalón, secretario del Municipio de Guayaquil, explicó que la silla vacía es un mecanismo de participación sin voto. "Los grupos o la persona podrán estar durante la deliberación de los temas que trate el Concejo, pero no votarán; los únicos que pueden votar son los concejales".

Agregó que este es un tema que se definirá cuando la nueva Asamblea trate el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, en la que se reglamentará el uso de la silla vacía.

Escala afirma que en las últimas administraciones municipales de Guayaquil, tanto de León Febres-Cordero como de Jaime Nebot, no se ha considerado en el Concejo "porque jamás se recibió un oficio de los comerciantes".

Cucalón, en cambio, señala que ese principio de participación ya se usaba en las comisiones generales, a través de las cuales el Cabildo recibe a los ciudadanos.

Escala asegura además que serán derogadas las ordenanzas municipales que estén en contradicción con el artículo 329 de la Constitución, que dice: "Se reconoce el trabajo autónomo y se prohíbe la confiscación de productos, materiales o herramientas".

Pero Andrés Roche, asambleísta electo por la alianza Madera de Guerrero-PSC y ex director de Justicia y Vigilancia del Municipio, sostiene que la Ley de Régimen Municipal, por ser orgánica, está por encima de una ley ordinaria como la del Comerciante. Agregó que la Constitución, en el artículo 264  literal 2, señala que los municipios deben "ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo". Por ello, indicó, el art. 7 del proyecto de ley del comerciante, "que reconoce y protege el trabajo autónomo en los espacios públicos", es inconstitucional, pues esa es  competencia de los municipios.

Así lo reconoce Amanda Arboleda, asambleísta de PAIS e integrante de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, quien sugiere reformas al proyecto. "Se discutió con los asambleístas Virgilio Hernández y Rolando Panchana (PAIS), que al final del art. 7 de la Ley del Comerciante se agregue "que en ningún caso se trasgredirán los derechos consagrados en la Constitución  vigente ni en las ordenanzas municipales".

Sobre el voto de la silla vacía, dijo que se analizará con mayor tranquilidad en el segundo debate en el 'Congresillo'.

Temas pendientes
Jorge Escala, quien propuso la ley en octubre del 2008, sostuvo que todavía tienen pendiente analizar con los comerciantes el pago de tributos, la afiliación al seguro social, la que piden sea solidaria, similar al seguro campesino, y la concesión de créditos.

Marchas
Para la próxima semana, Elizabeth Palacios, presidenta de la Federación de Comerciantes Autónomos, organiza una marcha hacia el 'Congresillo' para pedir que se apruebe el proyecto de ley.