Sin la presencia de Fernando Navia, director nacional del Registro Civil; ni de Francisco Jiménez, gobernador del Guayas, se cumplió ayer la audiencia pública en que se analizó la acción de protección que busca impedir la emisión de otra cédula de identidad en la ciudad, aparte de la que entrega el Municipio de Guayaquil.
Navia y Jiménez fueron demandados por Mauricio Guim Alfago (en representación de la ciudadanía), quien solicita que se respete la competencia que desde hace tres años el Gobierno entregó al Cabildo para el registro de personas.
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Luego de la audiencia, que se cumplió entre las 09:45 y 10:52, Jorge Zavala Egas, de la parte demandante, dijo que es inconstitucional “superponer competencias”. Esto por la intención del Registro Civil nacional de emitir documentos en la urbe a partir de marzo.
Sostuvo que se comete un delito contra la administración pública.
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Según Egas, el juez décimo de lo Civil del Guayas, que lleva la causa, Rafael Proaño Herrera, tiene hasta cinco días para dictar su fallo.
Cristel Quirola, delegado del Gobernador, señaló que a un juez no le corresponde dirimir en ese conflicto sino a la Corte Constitucional.
Jimmy Salazar, delegado del Registro Civil, recalcó que la Constitución vigente da exclusividad al Estado para encargarse de la identificación de las personas.
Desestimó que el proceso se enmarque en una disputa de competencias.
Ironizó que si todos los municipios del país pretenden emitir cédulas se tendría más de 200 documentos distintos.
Afuera del Juzgado, un grupo de ciudadanos, integrado también por universitarios, gritó consignas a favor de la autonomía del Municipio. Entre ellas: ¡Rechazo!, ¡Rechazo!, ¡Rechazo al centralismo!