Organizaciones anuncian que seguirán con sus acciones hasta sacar todos los dispositivos.

Ayer se retiraron 20 torniquetes en las calles Machala y Nueve de Octubre, y Quito y Luque.

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La jornada no se cumplió en el sitio previsto porque (según dijeron los protestantes)  Roberto Pólit, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), dio la orden de desviar el tráfico para que no pase por la zona donde sacaban los torniquetes. 

Pólit indicó que dispuso el   desvío del tráfico para evitar congestionamientos en el área donde continúan “las manifestaciones ilegales”, dijo.  “Nuestra obligación es precautelar la seguridad de los pasajeros que viajan en los buses”.

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Audiencia pública
Cerca de las 11h30,  representantes de la Defensoría del Pueblo se acercaron a esas calles para que los reclamantes acudan a la audiencia pública con el gobernador Efrén Roca, que convocó Patricia Castro, adjunta segunda de la Defensoría del Pueblo.

La audiencia empezó puntual en la oficina de Patricia Castro.  En representación de Roca estuvo Arnulfo Ponce, procurador de  la Gobernación;  Gonzalo Paredes, de la  Asociación de Discapacitados (Asodis-G); Oswaldo Robalino, por la Federación de Trabajadores de la Educación y Cultura; José Hoyos, de la Asociación de Jubilados, quienes prestaron declaraciones, entre otros representantes.

Ponce manifestó que el Gobernador “no puede tomar parte en una resolución donde no está implicado”, porque los aludidos son los directivos de la Comisión de Tránsito. Criticó además la posición del defensor del pueblo, Claudio Mueckay, por no haber intervenido antes en el proceso y hacerlo ahora. Además solicitó “archivar el expediente en lo que tiene relación sobre presuntas acciones del Gobernador”.

Sobre los plazos estipulados para el retiro de los aparatos,  Ponce dijo que la primera autoridad provincial intercede para tratar de solucionar conflictos sociales, pero que es la Policía del Cuarto Distrito quien debe intervenir en que las resoluciones se cumplan.

Castro informó que como autoridad de derechos humanos realizó  las gestiones para oficiar a la Policía del Cuarto Distrito, pero por encima del Jefe del Cuarto Distrito está el Gobernador.

Luego de que sea investigado por Mueckay, se decidirá si el Gobernador será o no procesado, indicó Castro.