Durante los siguientes meses el Consejo de la Judicatura liderará un nuevo proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia. La designación de magistrados de altas cortes constituye uno de los problemas más graves y complejos que ha tenido el país en su historia institucional, por la tan recurrente incapacidad de seleccionar a los más probos e idóneos. Una incapacidad directamente proporcional al deseo de los poderes políticos de controlar la justicia para perseguir a sus enemigos y blindar a sus amigos. Ese es el sentido con el que el grupo Juristas por la Democracia ha presentado al pleno de la Judicatura, y a la sociedad entera, recomendaciones para este próximo proceso.

Me gustaría, en esta columna, hablar de las sugerencias que considero más urgentes: tenemos una normativa, constitucional y legal, que establece requisitos demasiado laxos o poco rigurosos para asegurar que a la Corte Nacional lleguen los más probos. Se exige, por ejemplo, 10 años de ejercicio del derecho, como si una década de experiencia fuera difícil de lograr. Es imperativo entender a la experiencia de manera integral y reconocer, con puntuación acorde con los años, a quienes superan el mínimo requisito legal. A la Corte deberían llegar los más sabios y maduros, cualidades que en la mayoría de los casos suelen asentarse con el tiempo y la sofisticación de la destreza y el saber.

Otro punto para cuestionar es la “titulitis”, que en el Ecuador poscolonial pretende reemplazar a los títulos nobiliarios de la Edad Media. Esta cultura pretensiosa, que valora poco la experiencia, también perjudica a los abogados en libre ejercicio con menos tiempo, a las abogadas mujeres que tienen labores de crianza y a quienes tienen menos recursos. Hay que sincerarnos: no es difícil, en el medio jurídico del país, acumular títulos en programas académicos, muchas veces de poca complejidad. En los concursos, el título de postrado de una prestigiosa universidad del mundo vale lo mismo que la de cualquier nueva o pequeña casa de estudios. Es pertinente discutir la posibilidad de que los programas de las universidades mejor calificadas, en los rankings nacionales e internacionales, merezcan mayor puntuación.

Los postulantes deberían presentar, como requisito inicial, declaraciones juramentadas de bienes. Toda la información sobre las postulaciones debería ser transparente y accesible a la ciudadanía en internet. Para cumplir con la paridad legal debería haber vacantes específicas para hombres y mujeres.

Algo esencial: los que elijan a los futuros jueces deben cumplir requisitos aún más exigentes que ellos. De hecho, luego de las nefastas experiencias que hemos vivido, ningún funcionario del Consejo de la Judicatura o de las altas cortes debería integrar los órganos del proceso de selección de jueces. Que sean, mínimamente, académicos o juristas en libre ejercicio con al menos 15 años de experiencia y estudios de Ph. D., propuestos por las 10 mejores facultades de derecho del país, así como al menos un experto internacional. Y sus decisiones no deberían estar sujetas a ratificación del Consejo. (O)