Cada vez estoy más convencido de que está en marcha una campaña contra la defensa de los derechos humanos. Gran parte de América Latina aplaude la distopía carcelaria, concentradora del poder e intolerante a la crítica, de Nayib Bukele. Cuando los defensores de derechos humanos han denunciado el clima antidemocrático de El Salvador, donde para gran parte de los presos un debido proceso es una aspiración inalcanzable, la respuesta automática, que se repite una y otra vez, es que Bukele recuperó el control del país, antes bajo el terror de organizaciones criminales, y ha logrado devolverles la seguridad a los salvadoreños. Parecería que la disyuntiva es ¿seguridad ciudadana o derechos humanos? Escojan.

Yo sostengo, por el contrario, que la gran lucha de nuestro tiempo es entre el sistema democrático, basado en una doctrina de derecho fundamental para el ser humano, y la ley del más fuerte, que suelen emplear las organizaciones criminales y, desgraciadamente, también los Estados. En el caso del Ecuador, esta discusión cobra un sentido urgente ante la necesidad de vencer a la violencia criminal. Pero ¿cómo queremos que sea esa respuesta del Estado? ¿Con el sistema democrático, que protege derechos y libertades, o con la ley del más fuerte? Al menos yo, quiero que triunfe la democracia y no un discurso capaz de menospreciar, por ejemplo, la posibilidad de falsos positivos.

Delincuentes jóvenes

El presidente Noboa, que ha asumido la lucha por retomar el control y la seguridad del país, ha declarado, recientemente, “que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría”. Parecería que el presidente entiende al país en dos bandos: los propatria y los antipatria. O que no concibe, acaso, la posibilidad de proteger los derechos de la mayoría sin evitar que se violen los derechos humanos de alguien. Y hago estas preguntas porque, por ejemplo, Carlos Javier Vega, un joven de 19 años, murió por un disparo que habría recibido en el contexto de un operativo de control de automóviles dirigido por militares ecuatorianos.

Tiempo de emociones

¿Y qué dirá la opinión pública? ¿Que Carlos Javier Vega era terrorista? ¿Nos haremos de la vista gorda a cambio de que el Gobierno tenga éxito en su guerra, al precio que sea? Gran parte de la prensa, entusiasta como está con el estado de excepción del presidente, no ha dado mucha importancia a los excesos que se están cometiendo en medio de la lucha contra el crimen, excesos que cada vez son más problemáticos. Y la Corte Constitucional, ¿ya sacará su dictamen de control de constitucionalidad al estado de excepción? ¿O seguirá ciega y sorda?

Quizá, en efecto, este odio a la defensa de los derechos humanos implica, como en El Salvador, que la democracia está perdiendo la guerra y que pronto las nuevas sociedades a nivel mundial preferirán renunciar a los principios democráticos a cambio de seguridad ciudadana. Y sin democracia, iremos a ciegas hacia la ley del más fuerte. El problema es que, bajo el rigor de esa ley, los fuertes son pocos y los débiles casi todos. (O)