El Ecuador puede hacer los mejores esfuerzos para mejorar su imagen, la economía, la apertura a los capitales y abrir espacios para la inversión, pero no funcionará si no existe confianza y plena seguridad jurídica, más allá de la inseguridad ciudadana que es una prioridad.

Quién puede invertir y arriesgar si sabe que en Ecuador hay un sector político que proclama al mundo la impunidad para sus miembros, que desde la oposición logra acuerdos con otros sectores, incluido el actual régimen, que busca la revisión de sentencias y logra dilatar procesos por actos de corrupción, con la ayuda de jueces cuestionados, que les favorecen abiertamente, que demoran juicios y no permiten que ni siquiera se instalen audiencias para recién iniciar la formulación de cargos.

Quién puede confiar si sabe que la fiscal general está acosada por sentenciados por corrupción y que hacen todo lo posible para destituirle y sacarle con pretextos, justamente por haber asumido un papel valiente, formulado cargos y logrado sentencias condenatorias en su lucha contra el crimen organizado y los aliados políticos que buscan impunidad y retornar al poder.

Quién puede confiar en ese impresentable órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura que sigue adelante un proceso irregular y cuestionado para designar jueces nacionales, a pesar de las críticas nacionales e internacionales de miembros de una misión de la ONU.

Quién puede confiar si sabe que ese órgano administrativo y disciplinario persigue a buenos jueces que actúan contra la corrupción y protege a jueces venales que se han burlado con sus fallos, que han actuado contra ley expresa y han seguido en funciones.

Quién puede confiar si existen jueces nacionales, no todos por cierto, que sobreseen a presuntos culpables de graves irregularidades o dilatan procesos al aceptar recusaciones tras recusaciones contra otros jueces en casos importantes en los que políticos condenados por corrupción se burlan del país.

Quién confía si jueces nacionales, claramente identificados, dilatan abiertamente procesos pese a que existen antecedentes que derrumban sus argumentos. El caso del juez que demora con el pedido de autorización de la Asamblea para enjuiciar al condenado por corrupción exvicepresidente de la República, cuando en tres casos anteriores la legislatura declaró improcedentes debido a que la Constitución señala que se trata de autorizaciones para presidentes y vicepresidentes en funciones y no para exmandatarios. Pero no es el único caso. Ha sobreseído en juicios de orden petrolero, el proceso por graves irregularidades en la adquisición de pésimos helicópteros, que cuatro se cayeron y tres tripulantes murieron, pero para ese juez no pasó nada. Ha favorecido a la dilatoria en otro juicio por un secuestro extorsivo, en el que se condenó a otro actor de ese sector político.

Ha favorecido a impresentables y cuestionados miembros de la Judicatura en otro proceso por obstrucción de la justicia, que graciosamente le extendieron su periodo y que está en sus manos su juzgamiento, pero demora en fijar nueva fecha para que recién se formulen cargos. Y pensar que ese juez identificado aspira a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. (O)