Más allá de los cambios de gobierno, las instituciones necesitan estabilidad que genere certezas y seguridades. Es lógico y comprensible que una nueva administración llegue con personal de confianza, que designe libremente a sus cercanos colaboradores, a sus ministros de Estado, aunque debiera cuidarse de no caer en los crasos errores del mandatario saliente, proveniente del mismo sector privado.

En el caso de otras instituciones, FF. AA. y Policía Nacional, quedan expuestas a la injerencia política, los palanqueos y la búsqueda de padrinos para llegar a jefaturas y comandancias. Por ello es importante respetar no solo las jerarquías y trayectorias sino evitar que se debiliten las cúpulas con la salida de demasiados oficiales.

Existe la mala experiencia del gobierno de hace 16 años que sacó a decenas de altos oficiales, muchos de ellos respetables profesionales, y dejó a los que agacharon la cabeza y le hicieron el juego al modelo autoritario, aunque no fueron todos. Quebrantó los principios de disciplina en instituciones jerarquizadas y piramidales, que debilitó sus estructuras e intentó desbaratar los sistemas de seguridad social.

Todo por tratar de imponer el modelo revolucionario fracasado de Venezuela, en donde se implantó en los cuarteles el eslogan de “Patria, socialismo o muerte”, que terminó con su formación profesional para transformarles en defensores de una dictadura que ha eliminado las libertades y que viola los derechos humanos e individuales. Por eso esas instituciones están por los suelos, desprestigiadas y se les vincula a miembros y jefes con el narcotráfico.

En medio de la crisis por la inseguridad, la lucha contra el crimen organizado y los altos niveles de violencia, el país necesita con urgencia de unas FF. AA. y una Policía Nacional profesionales, con fuerte liderazgo, para enfrentar este difícil momento que se vive. El nuevo presidente tiene la potestad constitucional de nombrar a los mandos, jefes y comandantes, pero debe hacer sin palanqueos ni compadrazgos para que cumplan con sus misiones de defender la soberanía e integridad territorial, la seguridad interna y la protección de ciudadanos.

La selección se hace en base de las ternas de los más antiguos y deben durar dos años en sus funciones, aún cuando el gobierno será de año y medio. Eso es potestad del presidente, pero debe reparar en sus implicaciones, luego de revisar las carreras profesionales y la situación de las instituciones. Más aún cuando hay fuerzas que han fracasado en sus misiones como proteger la integridad territorial y prevenir y combatir el narcotráfico con radares (caso de Montecristi) que fueron destruidos y cuyos responsables están libres, a sabiendas que en una institución jerarquizada el comandante es el responsable.

Las FF. AA. y la Policía se deben al Estado, al pueblo, no están alineadas al proyecto político de turno y están obligadas a la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Por cierto, necesitan su fortalecimiento y la entrega de mayores asignaciones y materiales. Aún cuando escaseen los recursos en el fisco, resulta una inversión necesaria y urgente en seguridad. (O)