No hay mucho que decir sobre la consulta popular que propone el presidente Daniel Noboa, solo que es insustancial y que, probablemente, no pasará el análisis de la Corte Constitucional. El alto grado de improvisación que se puede suponer, en un momento realmente crítico para la seguridad interna del país, es desalentador. Casi todo lo que se propone podría ser reformado a través de la Asamblea Nacional, sin que esto implique el gasto de llevar a la ciudadanía ecuatoriana a las urnas. En todo caso, hoy quiero detenerme en la responsabilidad que tiene el Legislativo de emprender las reformas más urgentes.

Consulta de juguete

Ya que la crisis que vivimos es, también, una crisis de la justicia en su conjunto, considero que es imperativo discutir profundas reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al Código Orgánico de la Función Judicial. Uno de los más grandes problemas que enfrentamos es la banalización de la justicia constitucional, por medio de la cual se ha abusado y desnaturalizado las garantías jurisdiccionales, especialmente las medidas cautelares, el habeas corpus y la acción de protección. Un trabajo importante ha realizado la Corte Constitucional, por medio de su jurisprudencia, para delimitar adecuadamente el uso de estas garantías. El problema es que los jueces que están dispuestos a abusar del derecho no leen jurisprudencia constitucional. Quizá ni siquiera se trata de un problema solo de formación y capacitación, sino de estribos éticos o de terror por las amenazas.

La extorsión agrava la inseguridad

No es suficiente este espacio para poder abordar este tema, pero al menos señalaré la urgencia de una verdadera carrera judicial. Esto requiere que las universidades se comprometan no solo a la formación de litigantes, sino también de jueces, y que el acceso a la carrera judicial implique un proceso de formación mucho más profundo, pues el ejercicio de la judicatura debe ser una opción de vida y no una posibilidad de lucro. Quizá la formación de los jueces deba entenderse como un posgrado, en cuya estructura deben participar la Escuela de la Función Judicial, el Centro de Estudios de la Corte Constitucional y las facultades de derecho más prestigiosas del país. Además, sería interesante que los jueces provinciales tuviesen, como requisito, que ser primero jueces de primer nivel; así como que los jueces nacionales tuviesen primero que pasar por las cortes provinciales.

Es sustancial que los procesos de selección de jueces, en ese sentido, involucren drásticamente la participación de la academia y la observación de la sociedad civil, incluso de misiones internacionales en el caso de la Corte Nacional. El proceso de selección de jueces nacionales, recientemente suspendido, es todo lo que no puede ser un concurso: sospechoso, nada transparente, desorganizado... Por supuesto, esto implica, previamente, una reestructuración del Consejo de la Judicatura, generalmente tan mediocremente politizado, para reducir al máximo su influencia, o capacidad de meter la mano, en estos procesos. Otra vez, las universidades tienen un rol gigante en esta discusión, si es que pensamos que el país merece una verdadera carrera judicial. (O)