Las cuestionadas reformas penales pretendieron pasar de agache en la Asamblea Nacional, en medio del cinismo de quienes quieren imponer y allanar el camino hacia la impunidad y el presunto desconocimiento de quienes apoyaron los informes en la comisión legislativa proponente.

Felizmente, prestigiosos juristas, constitucionalistas y penalistas, ciertos jueces y exjueces alertaron y dejaron al descubierto esta intención, mientras los autores quedaron evidenciados y los que iban a facilitar la aprobación se “sorprendieron” y se echaron atrás con críticas públicas a las reformas. Demasiado tarde para creerles.

La propia fiscal general, que por mandato constitucional es la principal responsable de llevar a cabo las investigaciones procesales penales, ha formulado serios cuestionamientos a las propuestas, que debieron ser atendidos.

Se ha calificado como un atentado contra el ordenamiento jurídico porque se quiere desnaturalizar el sistema penal en el Ecuador mediante la inclusión de normas que generarán impunidad en procesos que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas.

Pretenden incluir como causal del recurso de revisión un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de DD. HH., que se sabe cómo funcionan de manera sesgada. A tal punto llega la audacia que se intenta obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas.

Si la principal intención es lograr la impunidad, no solo para políticos sentenciados por corrupción sino también para delincuentes que se cobijarían, el proyecto pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía al intentar exigir la entrega de información reservada que se acumula en los expedientes, con clara intención de manipulación política.

Se evidencia con descaro la ambición de otra metida de mano en la justicia, con la pretensión de controlar procesos en donde estén involucrados políticos. Con audacia se pone una disposición general que ordena a la Corte Nacional revisar de oficio y sin demora las sentencias.

En medio de estas barbaridades legislativas que quieren imponer, otros asambleístas despistados se daban por enterados de las propuestas, en parte por desconocimiento y también por falta de responsabilidad para resolver temas extremadamente complejos e importantes.

Al final, la discusión de estas reformas fue suspendida temporalmente, lo cual abre un compás de incertidumbre, porque la pretensión está latente, pero debe servir para estar alertas frente a esta intención desesperada de imponer reformas con dedicatoria, cuando se entiende que se legisla con sentido nacional y de forma general, no para beneficiar a nadie.

El tema debe llamar la atención a la ciudadanía responsable, a la academia universitaria, a las escuelas de derecho, a los gremios de abogados y en general a la comunidad jurídica para estar pendientes de esta nueva intención de lograr impunidad y debilitar aún más al golpeado sistema de justicia. Penosamente, esto puede malograr la reforma penal que se necesita en medio del conflicto armado interno que se vive. (O)