El miércoles 7 de diciembre, a las 11:48, el presidente del Perú, Pedro Castillo, leyó temblorosamente un discurso en el que instaba a “disolver temporalmente el Congreso de la República”, “instaurar un gobierno de emergencia excepcional” y “convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes”.

En el mismo mensaje, declaró en “reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”. El breve mensaje significaba un autogolpe de Estado.

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Emulaba, de manera torpe y tembleque, el autogolpe de Alberto Fujimori que tuvo lugar el domingo 5 de abril de 1992. En este evento se disolvió por la fuerza el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría. Fujimori también convocó a elecciones para un Congreso Constituyente.

La diferencia entre uno y otro autogolpe es que Fujimori contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las mismas que ocuparon con tanquetas el Congreso. La dictadura de Fujimori detuvo al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, así como a congresistas, periodistas, alcaldes, políticos y sindicalistas.

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En el caso de Castillo, las Fuerzas Armadas y la Policía emitieron un comunicado conjunto en el cual indicaban que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

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Renunciaron varios ministros (incluyendo el canciller y el ministro de Economía y Finanzas), y las demás funciones del Estado rechazaron la intentona golpista.

El Congreso, que ya estaba convocado para conocer una solicitud de destitución (vacancia) de Castillo, terminó votando por una gran mayoría (101 de 130 congresistas) para destituirlo por “permanente incapacidad moral”. También solicitaron que Castillo fuese detenido, lo cual ocurrió 88 minutos después de su discurso.

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Su vicepresidenta, Dina Boluarte (electa en la misma papeleta del partido de extrema izquierda “Perú Libre”), juró a las 15:00 como nueva jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en Perú.

Fujimori tuvo éxito porque tenía gran cercanía con las Fuerzas Armadas, por el combate al grupo terrorista Sendero Luminoso. En cambio, con Castillo había mucha distancia, dada la cercanía de Castillo y Perú Libre con organizaciones afines a Sendero Luminoso (incluyendo Conare, Movadef y Fenate). Castillo había nombrado a su gabinete a varios ministros acusados de vinculación con el terrorismo (el primer ministro Guido Bellido, el canciller Héctor Béjar y el ministro de Trabajo Iber Maravi).

Con Dina Boluarte, el Perú tiene su sexto presidente en cuatro años. Esta inestabilidad política no ha generado hasta ahora una crisis económica, pero, de extenderse, podría tener repercusiones. La presidenta ha llamado a adelantar las elecciones para abril 2024.

Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, donde está recluido el expresidente Alberto Fujimori. (O)