Proyecto resolutivo para priorizar juicio político a vocales del Consejo de Participación Ciudadana abre el debate sobre su legalidad y apoyos

Un proyecto de resolución, sin firma, que propone priorizar el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) circula entre las bancadas de la Asamblea Nacional y promovió la discusión sobre su legalidad y si contará con los votos para su aprobación.

Justamente, la tarde del ayer el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó los pedidos de juicio político planteado por los asambleístas de Pachakutik (PK) Ricardo Vanegas y José Chimbo, en contra de los siete vocales; y otro de Mireya Pazmiño y Ángel Maita también de PK, pero en contra de cuatro vocales: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán. Este último tuvo el apoyo de las bancadas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC).

Las posiciones se aceleraron la tarde del miércoles y empezó a circular este proyecto de resolución.

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Esto ocurrió luego que se confirmó la revocatoria de una medida cautelar que favorecía a Sofía Almeida para que se mantenga en la presidencia del CPCCS. A lo que se sumó la divulgación de una entrevista en el portal Factores de Poder en YouTube, del asesor de Almeida, Alejandro Gallo.

Ahí, Gallo reveló que dialogaba con funcionarias de la Presidencia de la República y el consejero del presidente Guillermo Lasso, Aparicio Caicedo, entre otras cosas para, supuestamente, postular a coidearios del movimiento CREO en las comisiones ciudadanas de selección de las autoridades de control.

Presentó capturas de pantalla de los chats que mantenían y aseguró que su “jefa” desconocía que él iba al Palacio de Carondelet y hasta le pidió disculpas. Aunque reconoció que el padre de Almeida, Pedro Almeida, también habría sido tomado en cuenta para estas supuestas conversaciones.

No obstante, el Gobierno se defendió asegurando que respetan la “independencia” de funciones.

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En horas de la noche del miércoles, este borrador sin firma titulado “Para la priorización del juicio político” por la “conmoción social generada por las bochornosas actuaciones públicas de los consejeros (…)” abrió el debate.

El documento apela a “las disputas e inacción que mantienen prorrogadas en funciones a varias autoridades”, porque no avanzan los concursos públicos para elegir a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el titular de la Contraloría General del Estado.

La propuesta sería modificar el cronograma de la Comisión de Fiscalización, para suspender la sustanciación de los juicios políticos al contralor subrogante, Carlos Riofrío; al procurador del Estado, Íñigo Salvador; y a los vocales del CNE.

Hasta ayer, esta propuesta no había sido oficializada a la presidenta Guadalupe Llori, pero se espera que sea incluida para su debate en la sesión del próximo martes.

El legislador Mario Ruiz (PK) dijo que no hay una resolución elaborada, aunque están en conversaciones con las bancadas “valorando la situación” y sugirió que “hay formas” para acelerar.

Por ejemplo, que los que están en curso sean retirados por los proponentes y dar prioridad al de los consejeros. “No tiene nada de malo”, opinó.

Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión de Fiscalización, reprochó que buscan “tener la Contraloría porque ahí tienen sus glosas, eso es todo. Podrán tener los votos de la forma que sea, pero jamás podrán tener la razón, la verdad y menos el decoro”, subrayó.

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Sobre la intención de acelerar esta interpelación, alegando la atribución del pleno como máximo organismo de interpretación, está la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en su artículo 81 determina que si el CAL remitiera una nueva solicitud “su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso”.

Libia Rivas, directora del Instituto de Estudios Legislativos, enfatizó que el pleno debe adoptar sus resoluciones conforme a la ley.

“En la Asamblea se determinó que se debe seguir un orden cronológico y hay que respetarlo; los asambleístas pueden plantear muchas mociones, pero deben estar apegadas a la ley”, explicó, de lo contrario, “abrirían un mal precedente”.

El catedrático y exlegislador Henry Cucalón subrayó que eso “no se puede hacer” porque hay plazos “que son inexorables y se encuentran en curso, además que hay un orden de prelación”.

“El pleno es el máximo órgano de la Asamblea y tiene un mayor peso jurídico y político, pero el pleno no está por encima de la ley”, apuntó Cucalón.

Ejemplificó que mientras el CAL califica los juicios planteados por el PSC, UNES y varios legisladores de PK a cuatro consejeros, y el otro propuesto por la mayoría de los legisladores de Pachakutik a los siete vocales, la Comisión dejará en suspenso los juicios en curso y calificados.

“Todo se desnaturaliza. Lo lógico sería seguir el proceso legal, con los cronogramas planteados. Si no lo otro se ve que es un claro interés político sobre esta institución que es una caricatura, un órgano clientelar”, anotó. (I)