Su llegada oficial a la Corte de Justicia del Guayas se dio en octubre del 2023. Así lo registró ella misma ante la Contraloría General del Estado. Sin embargo, la relacionista pública Mayra S., detenida desde diciembre pasado por el caso Metástasis y considerada la ‘gestora de favores judiciales’ del asesinado narcotraficante Leandro Norero, ya se movía en la esfera judicial desde finales del 2021, cuando dirigía la campaña que llevó a la entonces jueza Fabiola G. –detenida por el caso Purga- a ganar la presidencia de la Corte Provincial de Justicia para el periodo enero 2022-enero 2024.

Fabiola G. le pagó, durante cuatro meses en 2022, el sueldo de $ 2.500 mensuales a la publicista y magíster en Comunicación Estratégica. Luego asumió su salario el entonces asambleísta socialcristiano Pablo M., actualmente detenido por el caso de delincuencia organizada Purga y cercano a Fabiola G. y al entonces juez Johan M., también detenido por el mismo delito.

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Sin el nombramiento, pero con el aval de Fabiola G., la comunicadora Mayra S. gestionaba los pedidos de información y las entrevistas de la Corte del Guayas. Trataba con los periodistas de radio, prensa y televisión. “Cómo vas a decirle que no si te ofrecía llevar a tu programa a la presidenta de la Corte (Fabiola G.) o al presidente del Consejo de la Judicatura (Wilman T.)”, comentó la presentadora de un noticiario radial que prefirió no mencionar su nombre.

“La denuncia no tenía ni pies ni cabeza, era solo para hacer alarde”, dice hoy un enjuiciado por Mayra S., gestora de ‘favores judiciales’ del asesinado narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis

Mayra S. no tenía la misma diligencia cuando se trataba de temas ligados a las actuaciones judiciales. En agosto del 2022, este Diario la contactó –por referencia del Consejo de la Judicatura del Guayas- para solicitarle su colaboración con varias entrevistas a jueces que manejaron polémicos casos relacionados con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas, pero puso condiciones. “Necesitaría que me envíes las preguntas, nena, para saber a qué jueces podría ubicarte o si solo habla la presidenta”, respondió la publicista, quien finalmente no atendió la solicitud periodística.

Y mientras oficialmente ejercía su profesión en la Corte, Mayra S. contrataba abogados –sostiene la Fiscalía- para ‘viabilizar’ sobornos para jueces que favorecieran a familiares del asesinado narcotraficante Leandro Norero, con quien mantenía una relación sentimental.

“Las personas privadas de su libertad tienen el DERECHO a la defensa y a un juzgamiento dentro del debido proceso”, escribió en su cuenta de X en marzo del 2022. Mayra S. también se daba tiempo para manejar las redes sociales, donde Fiscalía ha identificado que la comunicadora tenía cuentas que las ofrecía para promocionar tuits vinculados con los intereses de sus amigos o jefes. En agosto del 2022, según los chats del caso Metástasis, Mayra S. le vendió a Norero una cuenta con más de cien mil seguidores, en $ 2.500.

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Jueces que aceptaron demanda del exlegislador Pablo M. están entre los detenidos del caso Purga

A todo eso se dedicaba Mayra S. mientras impulsaba en los juzgados sus propias causas judiciales. En los registros públicos constan ocho denuncias y ocho procesos, en los que figura en su mayoría como ofendida y, pocos, como demandada. En las denuncias presentadas ante la Fiscalía acusó a seis personas por diferentes delitos, entre ellos, hurto, robo, falsificación de firma, usurpación de nombre, falsificación y uso de documento falso y estafa.

En cambio, llevó a juicio a cinco ciudadanos por falsificación de firmas, por vulneración de derechos o por dinero. No obstante, también consta en su contra una causa por el delito de extorsión, que fue archivada el 25 de enero del 2023. Mayra S. recibió fallos favorables en al menos la mitad de los procesos que presentó en las oficinas judiciales.

“Se ordena el archivo de la investigación previa que se inició mediante denuncia formal de Bereniz M., presentado el 11 de enero del 2018 por el presunto delito de extorsión”, señala el proceso contra Mayra S.. El archivo fue solicitado por el fiscal Polivio Meneses, quien argumentó que “no se han obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos” y que se habían “excedido los plazos señalados para la investigación”.

La acusadora particular, Bereniz M., contactada por este Diario, prefirió no comentar el caso. “Debería preguntarle a ella, no me gustaría hablar de eso”, dijo Bereniz, quien actualmente se desempeña en una entidad pública, pero que cuando presentó la acusación, en 2018, laboraba para una empresa ligada a la venta de boletos para eventos de artistas, conciertos o festivales.

Para entonces, Mayra S. trabajaba como organizadora de eventos, actividad que formalizó en junio del 2018 con la creación de la empresa Más Producciones Prodmas S. A., dedicada a la producción de eventos artísticos, junto con su socio Álex S., quien también figuró como acusado de extorsión. Mayra y Álex transfirieron en 2020 las acciones que tenían en Prodmas S. A. a manos de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria y detenido por el caso Metástasis.

Quién es Mayra S., la relacionista pública detenida por el caso Metástasis que sigue enrolada en la Función Judicial

Tras la denuncia de extorsión en su contra, Mayra S. presentó en un juzgado de lo civil de Quito, en noviembre del 2018, un recurso legal para ejecutar un acta de mediación cuantificada en $ 45.000 contra René L., representante de la empresa en la que laboraba Bereniz y que imprimía los boletos para los espectáculos artísticos. En los documentos se señala que René L. no fue notificado de este proceso. Este Diario intentó, sin éxito, contactarlo.

“Solicito que la parte demandada pague a mi representada la cantidad de $ 100.000 más los intereses y mora, así como las costas judiciales y honorarios profesionales”, señaló Carla Barriga, abogada de Mayra S., en junio del 2019. En el proceso judicial, la defensa de Mayra S. solicitó un peritaje que no tuvo observaciones y que fijó el monto de la deuda en $ 116.956, es decir, más del doble del valor del acta de mediación original.

Hasta enero del 2022, fecha del último escrito judicial, el pago no se ejecutaba y en mayo del 2023 Mayra S. denunció a René L. por estafa, en una oficina de la Fiscalía en Guayaquil. No obstante, la relacionista pública ha incluido el monto de $ 116.000 en el campo de ‘cuentas por cobrar’ de todas las declaraciones juramentadas de bienes que ha presentado ante la Contraloría General del Estado desde el año 2019, cuando registró su ingreso a la función pública, en la Asamblea Nacional, en el equipo de la entonces legisladora socialcristiana Cristina Reyes.

En otros procesos, registrados en la Función Judicial y que se refieren a infracciones de tránsito, Mayra S. consiguió fallos favorables. Entre ellos, por ejemplo, se menciona una infracción cometida en marzo del 2021 en la vía a La Pila (Montecristi, Manabí) por conducir a exceso de velocidad, en la que alegó que se vulneraron sus derechos al no ser notificada por el agente de tránsito, y fue declarada inocente un año después, en marzo del 2022. Por velocidad también registró en mayo del 2021 otra infracción que le fue levantada en noviembre de ese año en un juzgado de Manta. (I)