Cuatro datos ‘reveladores’ que han surgido del trabajo de la comisión legislativa ocasional que investiga el crimen de Fernando Villavicencio

El viernes 9 de febrero se cumplieron seis meses del asesinato de Fernando Villavicencio. El periodista y político fue abatido en Quito, el 9 de agosto de 2023, por sicarios que serían integrantes de la banda Los Lobos. El crimen conmocionó al país y al mundo porque ocurrió durante la primera vuelta de las elecciones anticipadas, en las que él buscaba convertirse en presidente de la República, con el auspicio del movimiento Construye.

La investigación política del caso en la Asamblea Nacional tardó en despegar en la comisión ocasional, porque no había presupuesto para contratar a una secretaria relatora. Las intervenciones de funcionarios y exfuncionarios se iniciaron recién en enero, cuando la mesa se había integrado el 29 de noviembre.

De las comparecencias recibidas hasta el momento han salido al menos cuatro datos reveladores. Algunas sesiones se han desarrollado de manera reservada, por la delicadeza de la información, y en otros casos los comparecientes no han compartido detalles más pormenorizados porque se cruzan con la investigación penal que lidera la Fiscalía General del Estado.

Aquí un resumen de dichos datos:

1. Por el director del ECU911, Bolívar Tello, se conoció que algunos funcionarios habrían usado la herramienta de rastreo Mobile Locator para hacer seguimiento, sin orden judicial, a números celulares.

Uno de los perjudicados fue el propio director, quien dijo “estar seguro” de que entre los teléfonos que fueron observados estarían “los determinados en el caso Metástasis y los relacionados con el caso Villavicencio”. Indicó que la Fiscalía ha hecho nueve pedidos de información al ECU911 sobre servidores que estarían involucrados en el mal uso de la herramienta.

2. De Fausto Cobo, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), se supo que se emitieron tres alertas del riesgo que tenía el excandidato, en 2023: el 22 de mayo, el 31 de julio y el 7 de agosto (dos días antes del homicidio). Cada una fue comunicada a direcciones especiales de la Policía Nacional.

Las amenazas surgieron por las denuncias que Villavicencio hizo respecto de casos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, entre otros, así como por sus ofertas de campaña de combatir a las mafias si llegaba a la Presidencia de la República.

La segunda alarma también fue difundida al Comando Conjunto de las Fuerzas, las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los entonces ministros de Gobierno, Henry Cucalón, y de Defensa, Luis Lara.

Sin embargo, los oficiales de la Policía Nacional que comparecieron en la comisión el miércoles 7 de febrero y el exministro del Interior Juan Zapata, quien intervino el jueves 8, aseguraron que no tenían conocimiento de la alerta del 7 de agosto.

De hecho, el exministro indicó que durante su gestión se recibieron dos solicitudes de autorización de análisis de riesgo del exlegislador, la primera el 17 de diciembre de 2022 y la segunda el 27 de abril de 2023.

La incompatibilidad de las alertas llama la atención y será uno de los elementos que investigará la comisión, anunció la asambleísta Viviana Zambrano, presidenta de la mesa legislativa, cuyo fin es determinar si hubo o no responsabilidades políticas en torno al crimen.

3. El general Fausto Íñiguez, director general de Inteligencia, en el cargo desde hace un mes, hizo un recuento de los dispositivos de seguridad que se determinaron para el excandidato, por su alto nivel de riesgo.

Se brindó protección a Villavicencio desde enero de 2022, cuando era asambleísta. Desde entonces, y hasta junio de 2023, se realizaron varias evaluaciones a su condición, ya que las amenazas fueron aumentando. Su cápsula de seguridad pasó de establecerse con tres servidores policiales hasta llegar a seis, incluyendo patrullajes preventivos a su vivienda.

Sin embargo, Íñiguez mencionó en la comisión los nombres de cinco nombres de agentes, no seis, que formaban el último dispositivo de seguridad que tuvo el excandidato.

En el recuento de acontecimientos, el director de la DGI señaló que la Policía no contaba con vehículos blindados. Además, recordó que existe un acuerdo ministerial que establece que esos vehículos deben ser proporcionados por las entidades a las que pertenecen los funcionarios que requieren seguridad.

Juan Zapata, por su parte, señaló que Villavicencio mantuvo protección incluso luego de ser cesado como asambleísta y antes de confirmar su postulación a la Presidencia de la República. Que la seguridad se le otorgó por el riesgo que tenía, debido a sus denuncias, no por el cargo que desempeñó.

El exfuncionario explicó que en su momento solicitó un reporte de la actuación de la cápsula de seguridad. Dicho informe fue entregado a la Fiscalía para que lo integre a su investigación, por ello no podía revelar detalles.

4. La actual ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, por su parte, precisó que al asumir funciones “jamás” recibió un informe puntual del caso Villavicencio. Señaló que toda la información se encuentra en el expediente del proceso judicial y que la Fiscalía le solicitó “ser cuidadosa” con sus declaraciones, ya que hay datos que son restringidos.

También indicó, sin mayores detalles, que se abrió un expediente administrativo contra un servidor policial.

Las sesiones de la comisión ocasional no han estado libres de polémicas. Dos legisladoras del movimiento Revolución Ciudadana (RC) fueron las protagonistas, una es integrante de la comisión ocasional y otra pidió intervenir, pero no tiene derecho a voto.

Mónica Salazar comentó que el crimen los perjudicó y que por eso la RC perdió las elecciones presidenciales. Su compañera Mónica Palacios insinuó que la ministra Palencia estaría encubriendo a grupos delincuenciales, porque no daba respuesta a sus preguntas relacionadas con la banda criminal que habría ejecutado el asesinato.

‘Sabor agridulce’ para la familia

Para la esposa del excandidato presidencial, Verónica Sarauz, aún es temprano para calificar si el trabajo de la mesa ha sido bueno o malo, porque ha habido pocas sesiones.

No obstante, comentó que “sí deja mucho que desear, porque realmente los miembros de la comisión no están inteligenciados de todo lo que deben saber de Fernando, quién es, qué hacía y quiénes eran sus enemigos políticos, más que todo”.

Opinó que los asambleístas han demostrado que no están capacitados para hacer preguntas que orienten hacia el esclarecimiento de por qué su esposo fue asesinado y cuáles pudieron ser las omisiones de las autoridades de aquella época.

“Es un sabor agridulce”, agregó, porque, a su criterio, la comisión “no tiene ningún propósito real ahora que pueda determinar el riesgo político” que tenía su esposo.

En cuanto a la declaración de Mónica Salazar y el incidente entre la asambleísta Palacios con la ministra del Interior, Sarauz cree que las integrantes de la Revolución Ciudadana “tratan de entorpecer las comparecencias de una u otra manera”.

Los demás detalles que han salido a la luz en las sesiones, relacionados con el ECU911, las alertas del CIES, la cápsula de seguridad y la falta de vehículos blindados, constituyen elementos importantes, son preocupantes y evidencian negligencias.

Sarauz explicó que a su esposo nunca se le entregó un vehículo blindado cuando fue asambleísta, a pesar de los pedidos que hicieron Guadalupe Llori y Virgilio Saquicela (presidentes de la Asamblea Nacional).

Tampoco le asignó uno el Consejo Nacional Electoral cuando se postuló a las elecciones anticipadas, ni recibió un trato diferenciado en su seguridad respecto del resto de candidatos, aun cuando su nivel de riesgo era más alto que los demás.

Villavicencio “pudo conseguir un carro blindado, pero prestado por personas privadas, no por la entidad que le correspondía”, afirmó Sarauz. Por ello, sostiene que la comisión debe llamar a rendir cuentas de este tema a Guadalupe Llori, Virgilio Saquicela y también a Diana Atamaint, presidenta del CNE.

Las comparecencias se retomarán después de carnaval y, según la agenda de la titular de la comisión, al menos se prevé convocar a Saquicela y se evalúa llamar a Llori.

Además, está pendiente la respuesta al pedido de extender por 90 días más el trabajo de la mesa, ya que no se podrá tener listo el informe final, que no es vinculante, para el 28 de febrero, como estaba previsto. (I)