‘Fernando Villavicencio debía tener una cápsula de seguridad con seis policías, pero nunca tuvo seis’, señala presidenta de comisión que investiga el crimen

Al cumplirse seis meses del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, Viviana Zambrano, presidenta de la comisión ocasional que investiga las responsabilidades políticas del crimen, conversó con EL UNIVERSO sobre los avances de la mesa legislativa.

Las contadas comparecencias que hasta el momento se han escuchado y la información recibida dejan varias incógnitas y preocupaciones.

La comisión se conformó el 29 de noviembre de 2023, pero inició su trabajo con más de un mes de retraso por dificultades presupuestarias para contratar a una secretaria relatora. Una vez solucionado ese problema, las comparecencias arrancaron en enero. El informe debía entregarse el 28 de febrero, pero la comisión pidió una prórroga de 90 días, que permite la ley, para seguir recabando información.

¿Qué se puede destacar, de manera general, del trabajo en la comisión?

Dentro de las comparecencias que se han realizado, lo que más puedo notar es que las direcciones de la Policía Nacional debían designar y controlar la seguridad de Fernando Villavicencio; sin embargo, no está quedando claro en las comparecencias quién era el responsable o los responsables directos, a quién le correspondía, por ejemplo, ejecutar la orden. Por eso, la próxima semana vamos a citar a los policías que acompañaban a Fernando. Dentro de las comparecencias de esta semana indicaban que, por su riesgo (de Villavicencio), su porcentaje de riesgo estaba en 94 %, e inclusive terminó hasta el 97 %. Él tenía que tener seis policías; sin embargo, él tuvo hasta cuatro. Nunca tuvo seis policías.

¿Qué información se obtuvo del ECU911?

Se declaró reservada la sesión debido a que nos indicaba que prácticamente hay más de 266 personas dentro de la institución, que pueden directamente ingresar a cualquier teléfono a nivel nacional. Esa información ya nos pasó el ECU911, porque pedíamos, inclusive, nombres. Tengo una carpeta inmensa en la cual se va a comenzar a revisar, porque necesitamos saber si es que existieron alertas que se generaron y cómo fueron atendidas. Como presidenta de la comisión, quiero ser muy enfática en el compromiso que tenemos los miembros de la comisión para que este hecho se esclarezca, si existió o no responsabilidad política. No vamos a interferir con el FBI ni con la Fiscalía.

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De lo que han podido escuchar y conocer hasta ahora, ¿la información les está permitiendo tener algunas luces de si hay responsabilidades políticas?

Comparece una persona y nos indica: “No estuve en el momento”. Creo yo, la luz que nos está dando es que tenemos que comenzar por los policías (de la cápsula de seguridad). Ellos eran los que estaban al lado de Fernando. La información que nos indicaron en la última reunión que tuvimos es que no son cuatro, sino que eran seis (los integrantes que debía tener la cápsula de seguridad). (Nos indicaron) que la Policía no cuenta con carros blindados; esa es una gran preocupación, porque los videos (del asesinato de Villavicencio) fueron claros: era una camioneta (en la que se movilizaba). Sí es muy prematuro pensar si existió o no responsabilidad (política), porque no podemos decir qué efectivamente existió hasta no tener certeza. Toda acción en la comisión se ha ejecutado de acuerdo a nuestro plan de trabajo y el cronograma.

Fausto Cobo dijo en su comparecencia que se pusieron en conocimiento tres alertas sobre riesgos de Fernando Villavicencio; la última fue dos días antes del crimen. ¿Qué lectura tienen ustedes de estas alertas?

Nosotros hemos repetido tanto a la ministra (Mónica Palencia) como al exministro del Interior (Juan Zapata) con respecto a las alertas. La ministra dijo que no tenía conocimiento y Juan Zapata dijo que tuvo dos alertas. Pero la del 7 de agosto ninguno de los dos (dijo que la conoció). Entonces, vamos a solicitar a Fausto Cobo que nos dé el documento, copia original, de la alerta del 7 de agosto, porque en las comparecencias que hemos tenido nadie nos indica que efectivamente recibieron un informe el 7 de agosto.

¿Cuántos pedidos de información se han hecho y cuántos han sido respondidos?

A la ministra del Interior (Mónica Palencia) recién se recibió el día miércoles. De la Presidencia de la República no se ha recibido información. Al SNAI, tuvo la comparecencia (el director, Luis Zaldumbide), pero no entregó la información con documentación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no nos ha pasado ninguna información. El Ministerio de Defensa tampoco nos ha pasado información. Y del ECU911 se recibió una información bastante amplia. La pregunta que siempre se les hace que es: necesitamos la información de antes, durante y después (del asesinato). En su momento se le solicitó información al comandante general de la Policía Nacional, al Servicio Nacional de Medicina Legal, a la Dirección de Inteligencia de la Policía, al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), al exministro de Gobierno Henry Cucalón; de ellos todavía no hemos recibido información. El ministro del Interior, Juan Zapata, compareció y nos entregó información. Fausto Cobo, exdirector del CIES, fue muy completo.

Un oficial de la Policía confirmó a la comisión que se han abierto dos sumarios administrativos. ¿Van a buscar aclarar este tema?

Sí. Una pregunta que le hice a Juan Zapata fue por qué solamente sale un nombre; no son dos.

Creo que es el capitán Cristian Cevallos; él mismo lo ha hecho público...

Exacto. ¿Por qué solo al capitán Cevallos se le siguen procesos administrativos? No hubo respuesta. Esa fue mi pregunta directa. ¿Por qué no hay más miembros de la Policía que mantengan abierto un expediente? Le hice otra pregunta de si los anillos o cercos externos de seguridad del personal uniformado, el personal de UMO, preventivo, grupos tácticos, fueron enviados o dispuestos por quién; si era justamente por él (Juan Zapata). Esa respuesta tampoco fue directa (...). El riesgo que tenía Fernando no era solamente desde 2023; es desde 2022. Entonces, qué le correspondía en ese momento a Virgilio Saquicela (expresidente de la Asamblea) entregar el auto (blindado) para la seguridad de Fernando. ¿Le negaron o no el pedido? ¿Le dieron o no el vehículo? Esa fue otra incógnita que tampoco fue respondida. Y mientras estuvo Fernando como legislador, y más aún en la Comisión de Fiscalización, no tuvo vehículos de seguridad; solicitó varias veces, pero él no tenía un vehículo de seguridad.

¿Se convocará a Virgilio Saquicela?

A Virgilio Saquicela y también, en este caso, creo que a Guadalupe Llori (expresidenta de la Asamblea Nacional). Se va abriendo un abanico. Creo que de las comparecencias que tengamos la próxima semana vamos a ir uniendo estas fichas, como si fuera un rompecabezas, porque hasta el momento no es que tenemos direcciones claras.

¿Por eso se solicitó la prórroga de 90 días?

Efectivamente. Ayer (jueves) se solicitó esta prórroga, porque recién nos están enviando información. Y con cada comparecencia arroja nueva solicitud de información. Por eso, nuestro plan de trabajo y cronograma se lo dejó abierto.

¿Ya recibieron respuesta a la solicitud?

Se le pasó al CAL (Consejo de Administración Legislativa); todavía no tengo la respuesta. Pero está dentro de la ley y dentro de la propuesta de formación de la comisión. De manera que no creo que sea negado. Podemos ampliar 90 días más. No podemos más.

¿La esposa e hijas de Fernando Villavicencio pueden intervenir o colaborar en el trabajo que hace la comisión?

Ellas pueden estar presentes, pero no pueden dar una declaración directamente (...). Yo me solidarizo con su esposa (Verónica Sarauz), sus dos hijas (Amanda y Tamia) y su hermana (Alexandra Villavicencio), que han sido las personas que han estado presentes, especialmente por lo ocurrido el miércoles (por el incidente entre Mónica Palacios y Mónica Palencia). Es un evento que no puede volver a pasar. Una carta ha sido enviada al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que él, a su vez, tome las acciones respectivas de disciplina, tanto en el CAL o de acuerdo a los códigos respectivos.

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Entonces, ¿las familiares no podrían solicitar una reunión con la comisión y aportar cualquier información que posean?

Si hacen una solicitud, sí. Inclusive habrá momentos que, de pronto, de acuerdo a la investigación que seguimos, se necesite que ellas comparezcan.

¿Se ha considerado convocar a la fiscal Diana Salazar?

No está dentro de la lista, todavía. No es que se descarta al 100 %. Sería muy cuidadosa en primero solicitarse conversar con ella para ver si es prudente o no. No queremos pasar la línea de la (investigación política a la penal).

Al final, el informe que salga de la comisión no es vinculante. ¿Qué van hacer con ese documento? ¿Para qué servirá?

Nuestro objetivo final es llegar a procesos administrativos, que las personas (responsables) no vuelvan a ocupar ese cargo.

¿Podría servir como insumo para posibles juicios políticos?

Ahí podría pasar a juicios políticos, efectivamente. Queremos instituciones limpias de corrupción. (I)