Entre el 2011 y 2023, los ecuatorianos se han pronunciado sobre cinco consultas populares y referendos que han significado una inversión de alrededor de $ 92′7 millones de fondos del Estado. Se alista el sexto ejercicio de democracia directa para abril próximo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este 14 de febrero de 2024 la organización de la sexta consulta popular y referéndum de ámbito nacional de los últimos trece años, que se pondría a consideración de los electores el 21 de abril.

Estas iniciativas fueron propuestas por el actual presidente de la República, Daniel Noboa, y el expresidente Guillermo Lasso.

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No obstante, este sería el decimocuarto ejercicio de democracia directa desde el retorno a la democracia en Ecuador. La primera fue en 1978, que la convocó la dictadura militar para que el pueblo escoja entre la Constitución de 1945 reformada y una nueva redactada por un equipo de juristas para que rija en el periodo democrático que estaba por inaugurarse.

Para la consulta y referéndum del 2024 se estima una inversión que ascendería a los $ 60 millones, cuyo Plan Operativo Electoral (POE) se aprobará por el pleno de cinco consejeros en las siguientes horas.

Uno de los ofrecimientos que hizo Daniel Noboa para llegar a Carondelet fue hacer una consulta popular que apunte a políticas de seguridad ciudadana.

La Corte Constitucional (CC) aprobó diez preguntas, de las que seis son de plebiscito, porque se sustancian en reformas legales; y, cuatro de enmienda a la Constitución.

En cambio, la iniciativa de Guillermo Lasso se trata de una reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que se tramitó en la Asamblea Nacional y superó el control previo de constitucionalidad en la Corte, en la que se propone que las Fuerzas Armadas actúen de forma complementaria en las tareas de seguridad interna con la Policía Nacional.

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De esta forma, el 21 de abril se entregará a los electores una papeleta de once preguntas que integrarán las dos iniciativas.

En los últimos trece años, los ecuatorianos fueron convocados a otros cinco procesos de democracia directa. De ellos, la consulta popular del 2011, que la impulsó el exmandatario Rafael Correa para reformar el sistema de justicia.

En ese entonces, el CNE requirió de alrededor de $ 22 millones.

En el 2017, junto a las elecciones generales, se introdujo la consulta popular sobre paraísos fiscales para la que se presupuestaron $ 2′885.076, según registros del CNE.

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En esos comicios ganó la presidencia de la República Lenín Moreno Garcés, quien impulsó una consulta popular y referéndum de siete preguntas que se votó el 4 de febrero de 2018, con las que se constituyó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición, que evaluó y removió a las autoridades de las instituciones de control del Estado y nombró nuevas.

Esta tuvo una inversión de $ 48′296.280, de acuerdo con documentos del Consejo Electoral.

Hace un año, el 5 de febrero de 2023, el electorado fue llamado a elegir a las autoridades de los gobiernos locales y los siete miembros del CPCCS, a los que se unió una papeleta de referéndum propuesto por el exjefe de Estado Guillermo Lasso Mendoza.

El CNE aprobó un presupuesto de $ 17′177.855 para su realización, pues solo se necesitaba de la impresión de una papeleta adicional.

Casi tres meses después de esas elecciones, Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional o conocida como muerte cruzada y se convocó a elecciones anticipadas de presidente y vicepresidente de la República y asambleístas.

A ese proceso, se le juntó la papeleta para la consulta popular propuesta por el colectivo ambientalista YASunidos, para dejar bajo tierra el crudo existente en el bloque 43, ubicado en el Yasuní ITT.

La realización de ese plebiscito costó $ 2′402.133, consta en los documentos del Consejo.

En total, el CNE ha requerido unos $ 92′761.344 a los que se sumarán otros $ 60 millones para la consulta y referendo de Noboa y Lasso.

La Constitución da un plazo de 15 días para convocar a elecciones y 60 días para hacerla. Las previsiones oficiales son que el 5 de junio de 2024 se promulguen los resultados oficiales. (I)