El próximo 15 de noviembre se realizaría el embarque de los 37 grupos electrógenos (motores) de combustión procedentes de Corea del Sur y que han sido adquiridos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a fin de recuperar una capacidad de generación de 63 MW para las centrales térmicas Quevedo y Santa Elena 2. En paralelo, este martes 31 de octubre se realizan las pruebas en la Central Termoesmeraldas 1 para que entre en funcionamiento en los próximos días y así poder contar con 125 MW adicionales.

Asimismo, el domingo 29 de octubre, la primera unidad de generación de la Central Térmica Esmeraldas 2 inició la entrega de energía al Sistema Nacional Interconectado (SNI). Hasta la semana anterior, estos equipos que generan 42 MW proporcionaban energía a la refinería estatal, pero se llegó a un acuerdo con EP Petroecuador para que esa generación se incorpore al Sistema.

De esta manera, una parte del parque térmico se va sumando a la generación de electricidad que requiere el país, en medio de una crisis de apagones.

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Sobre el tema de los motores comprados marca Hyundai Himsen, modelo 9H21/32S, de 1,7 MW cada uno, Celec informó que el presupuesto para estas adquisiciones fue de $ 65,82 millones, sin IVA. De ellos, $ 58,22 millones se destinaron para la compra de 32 grupos electrógenos y equipos auxiliares para la Central Quevedo (operada por Termopichincha), que fueron financiados con recursos de la Celec. Los $ 7,65 millones restantes fueron para la adquisición de cinco motores para la Central Térmica Santa Elena (Electroguayas), en reemplazo de equipos que sufrieron siniestros.

Además indicó que esta compra contó con el sustento del análisis técnico y jurídico respectivo, y la autorización del directorio de Celec EP, y con la participación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República.

La información emitida por Celec se da en medio de una denuncia que ha presentado hace pocos días el experto en temas de energía José Alvear Campodónico, en la que reclamaba que la compra se habría hecho a través de una intermediaria, lo que habría tenido un costo extra, que terminaba afectando a las arcas fiscales.

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En todo caso, Celec indica que se optó por ese modelo de equipos debido a que servirán para reponer los que fueron trasladados desde la Central Quevedo, en el año 2018, a la Amazonía, para entregar energía eléctrica a los campos petroleros de EP Petroecuador. Esto significa que la Central Quevedo está acondicionada para ese tipo de motores y ya cuenta con la licencia ambiental.

La contratación se realizó de forma directa con el fabricante, en la República de Corea, y siguiendo todos los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública. El procedimiento se encuentra en el portal del Sercop, por lo que no existe intermediaria alguna, y además se obtuvieron los mejores costos y los menores plazos de entrega, dice el comunicado.

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La adquisición de los grupos electrógenos tiene como sustento el oficio del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) n.º CENACE-CENACE-2023-0304-O, 4 de mayo de 2023, con asunto “Evaluación de la suficiencia de generación para el abastecimiento de electricidad en el estiaje 2023-2024″, que en uno de sus acápites indica: “Considerando que Celec EP cuenta con una capacidad de unidades de generación termoeléctrica de 557 MW que supera los 40 años de operación, de los cuales 305 MW registraron una indisponibilidad anual en el rango de 19 % al 100 % en 2022, se recomienda su reemplazo por unidades modernas y eficientes…”.

Para esta adquisición, previamente se contó con el informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado y del Servicio Nacional de Contratación Pública-Sercop, que emitió la autorización para la importación de estos bienes.

Bajo ese contexto, queda clara la necesidad de las contrataciones antes referidas, garantizadas en calidad, costo y tiempo; por lo que cualquier insinuación en contrario deberá ser debidamente sustentada y comprobada. La Celec EP se reserva todos los derechos que le asisten a fin de iniciar todas las medidas legales que crea necesarias y convenientes, a efectos de evitar cualquier desinformación a la ciudadanía y un eventual daño a la imagen institucional o al buen nombre de quien la representa. (I)