Dos investigaciones de la Fiscalía General del Estado ponen en riesgo al actual Prefecto, Carlos Luis Morales, tras conocerse presuntas irregularidades en adquisiciones del Gobierno Provincial del Guayas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19: una por el supuesto delito de peculado y otra por el presunto delito de tráfico de influencias, según los registros del Ministerio Público.

En total el Gobierno Provincial del Guayas ha contratado $ 5,6 millones en 41 compras bajo la modalidad de emergencia, entre el 7 de abril y el lunes 1 de junio, según los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Luego de que se difundieran los detalles de dos de esas contrataciones en redes sociales, la Fiscalía ejecutó un operativo que terminó con la detención del prefecto Carlos Luis Morales, a quien se le otorgó medidas sustitutivas, entre esas el uso de un grillete electrónico. También se investiga a personas de su círculo familiar y a proveedores.

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En una de las compras, la Prefectura adquirió 70 000 mascarillas N95, a $ 6,71 la unidad; y 5000 pruebas COVID-19, a $ 23,16 cada una, por un total de $ 585 000 a la empresa Accesmedical S. A. En el otro contrato se destinó $ 89 577 para un servicio de procesamiento de resultados de pruebas COVID-19 a favor de Zerasamiz S. A., cuyo presidente es Hermelindo Velásquez, dueño también de otras compañías. Teleamazonas contactó a José Vásconez, exgerente de esa empresa, quien dijo ser ebanista y que lo contactaron para que prestara su firma.

Zerasamiz S.A. presentó sus registros financieros ante la Superintendencia de Compañías en hojas membretadas de la empresa relacionada Marcauto S.A. cuyo dueño es hijo de Xavier Vélez Velásquez, exesposo de la actual cónyuge del Prefecto, Sandra Arcos. Xavier es hermano de Alejandro Vélez Velásquez, quien se desempeñó como asesor de despacho de la Dirección de Deportes y Recreación de la Prefectura, unidad que estuvo a cargo de Morales durante la gestión del exprefecto Jimmy Jairala.

Xavier Vélez Velásquez y su hijo Xavier Vélez Arcos figuran como presidente y gerente de la empresa Renoyca S.A., la misma que recibió cuatro contratos por $611027 de la Dirección de Deportes de la Prefectura durante los años 2015 y 2016.

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Los dueños de Renoyca S.A. son otras empresas. Se trata de Cintialand S.A. y Empresas Jab S.A. Esta última compañía está domiciliada en Panamá y en ella figura como apoderado Andrés Vélez Arcos, hijastro del Prefecto.

En este momento presenté una denuncia ante la Fiscalía Provincial donde pido que se investigue a varias personas e inclusive a los 2 hijos de mi esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria.

El 2 de junio pasado, Morales también presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen las adquisiciones señaladas con sobreprecio.

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"En este momento presenté una denuncia ante la Fiscalía Provincial donde pido que se investigue a varias personas e inclusive a los 2 hijos de mi esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria", dijo Morales en su cuenta de Twitter.

Estas compras y otra adquisición de kits alimenticios han sido observados por la Contraloría, entidad que envió informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, según un comunicado, en el que se detalla que los valores acordados son superiores a productos similares de compras de otras instituciones. (I)