Un informe de cinco relatores especiales de la ONU -quienes actúan al nivel de asesoría, independientemente del sistema institucional del organismo- pidieron al gobierno de Rafael Correa revocar su decisión de disolver a la organización ambientalista Acción Ecológica y le dedicaron un llamado de atención por  sus "medidas represivas para asfixiar a la sociedad civil".