El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, ordenó ayer la reapertura de investigaciones a policías presuntamente implicados en la violación de derechos humanos luego de que la Comisión de la Verdad estableció que hubo 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones entre 1984 y el 2008.
La orden fue en respuesta al pedido del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, que ayer solicitó la judicialización de los resultados que fueron revelados por la Comisión de la Verdad el pasado lunes.
El ministro Jalkh explicó que se dispuso “la reapertura de todos los expedientes administrativos disciplinarios internos de la Policía Nacional que no hayan sido cerrados adecuadamente y que estén relacionados con casos de violación a los derechos humanos”.
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Manifestó que las indagaciones se reabrirán “aun cuando hubiese transcurrido el tiempo procesal de investigación”.
El ministro de Justicia, José Serrano, al recibir el pedido, afirmó que ayer solicitó a la Comisión de la Verdad que entregue los expedientes de los 160 casos que se investigaron.
Indicó que la próxima semana empezarán con la judicialización de 118 casos sobre los cuales hay presunción de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad.
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Estos procesos serán presentados ante la Fiscalía y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia realizará un seguimiento específico de los procesos, dijo y aseguró que ningún proceso quedará en la impunidad tanto administrativa como legalmente.
La coordinadora del Comité, Mireya Cárdenas, afirmó que con el Informe de la Comisión de la Verdad se inició el periplo por la justicia en el Ecuador.
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También agradeció al Gobierno “por la entereza de reconocer que el Estado, en distintas épocas, cometió atrocidades; y por pedir perdón a los familiares y afectados”.
Por su parte, Édgar Frías, miembro del entonces grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), afirmó que ellos no reclaman reivindicación económica y que lo único que buscan es que quienes violaron la ley, por medio de torturas, paguen judicialmente por sus culpas. También rechazó el calificativo de delincuentes que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio a los miembros de AVC.
Aseguró que Nebot tiene responsabilidades concretas en el caso de tortura de Juan Acosta Coloma. “Nebot pretende hoy desconocer hechos concretos como el asesinato de dos compañeros del M-19, que trasladados desde el cuartel Modelo hasta la Penitenciaría del Litoral fueron asesinados extrajudicialmente, argumentando un supuesto plan de rescate del M-19”, manifestó.
“Qué mas va a decir (Nebot), qué espera que diga, que no soy culpable”, dijo anoche el presidente Rafael Correa, a su regreso de su visita a Perú, sobre el rechazo de Nebot al informe.
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Pedido a la Fiscalía
El Comité acudió a la Fiscalía para solicitar que se inicie una indagación previa o una instrucción fiscal contra las personas señaladas en el informe. Ayer no fue recibido el pedido porque el fiscal, Washington Pesántez, está de viaje. El encuentro se daría el próximo lunes.
El Comité
Los representantes del Comité Ecuatoriano Contra la Impunidad, que ayer presentó los pedidos para reabrir las investigaciones, son: Mireya Cárdenas,
Miguel Jarrín, Édgar Frías, Pablo Proaño, Rita Proaño, Eloy Basantes, Alexandra Jarrín, Leonardo y Felipe Cáceres.
