Aún no hay motivación para un juicio político a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad

Voceros de las principales fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional consideran que aún no hay causales para plantear un juicio político a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, una vez que la Fiscalía formuló cargos en contra de su hijo, Francisco Sebastián B. A., en calidad de autor directo del delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia.

La instrucción fiscal durará 90 días, y en ese tiempo también los asambleístas esperan conocer más elementos que permitan deducir que se cumple una de las causales contempladas en el artículo 129 de la Constitución de la República y motivar un juicio político en contra de Abad, quien al momento cumple las funciones de embajadora de Ecuador en Israel.

Francisco Sebastián B. A. tiene una orden de prisión preventiva.

El constitucionalista José Chalco Salgado también sostiene que al momento ninguno de las causales del juicio político a la Vicepresidencia de la República, contemplados en el artículo 129 de la Constitución, se ajusta al delito de oferta del tráfico de influencias del cual se acusa al hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad.

Desde la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), el asambleísta Adrián Castro advierte que si del caso del hijo de la segunda mandataria, que están en investigación, se derivan en su momento temas que tengan vinculación con ella se tiene que pronunciar la Asamblea Nacional.

Considera que estos días serán cruciales para encontrar más elementos para poder sustentar una de las causales para un juicio político contempladas en el artículo 129 de la Constitución, porque aún no se conoce el grado de influencia que pudo tener la madre de Francisco Sebatián B. A., en el presunto cometimiento del delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia.

El legislador oficialista advierte que esta situación ahonda aún más las relaciones distantes que mantenía el presidente Daniel Noboa con Abad, porque esto proviene de una denuncia que presenta un ciudadano, y no es en contra del hijo de cualquier persona, sino el hijo de la segunda mandataria, o sea el tema es extremadamente grave, vergonzoso y eso profundiza la ruptura no solo con el presidente sino con el país.

El socialcristiano Vicente Taiano sostiene que el juicio político al vicepresidente de la República tiene causales absolutamente regladas y la privación de libertad del hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad, “a mi juicio ninguna relación tendrían con la posibilidad de un procesamiento político, aquí no hay que confundir la responsabilidad penal de alguien con las causales que pueden abrir la puerta a un juicio político en contra de un servidor público que esté sujeto a control político”.

El tema está en manos de la justicia y tendrá que hacer su trabajo, añade Taiano, y por tratarse del hijo de la vicepresidenta el país merece una explicación detallada, en el menor tiempo posible, de por qué su aprehensión y en el supuesto que hay un procesamiento cuáles son los cargos que se imputan.

El tema de un eventual juicio político a la vicepresidenta es un tema que se debe tratar con seriedad, hay que esperar que la Fiscalía presente el resultado de su trabajo y luego de eso, ahí sí sobre hechos ciertos “poder pronunciarnos”, reitera el coordinador de la bancada legislativa socialcristiana.

Camilo Salinas, manifestó que como bancada Construye aún espera conocer el desenlace de la investigación penal que involucra al hijo de la Vicepresidenta, y se tiene que observar a quién más se vincula en el caso.

Si luego de conocer el desenlace y hay elementos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional debe proceder. Si hay elementos suficientes como lo determina el artículo 129 de la Constitución, la bancada Construye procederá de acuerdo con la ley, anticipa Salinas, quien explica que al momento la bancada Construye no tiene interés de motivar un juicio político en contra de Abad.

Para el correísmo, según el legislador Leonardo Berrezueta, es evidente que hay una estrategia del Gobierno detrás, que es librarse y tratar de sacar del camino a la vicepresidenta Abad, que dicho de paso “que con sobra de merecimientos debería dar un paso al costado, pues alguien que no goza de la confianza del presidente de la República, por decencia debería presentar la renuncia”.

Si la Fiscalía hace una extensiva a la investigación iniciada en contra de Francisco Sebastián B. A., por un tema de cohecho a la Vicepresidenta de la República, habría la causal para iniciar el juicio político; a esto se suma que la Constitución señala que no se necesita de una sentencia ejecutoriada para proceder con un juicio en el ámbito político, explica Berrezueta.

“Al ser el hijo de la vicepresidenta de la República los investigados por solicitar coimas para dar cargos en la Vicepresidencia de la República ya la hace parte de esa causal”, afirma el representante del Azuay por RC, aunque señala que hay que esperar el desenlace de esta acción penal y establecer hasta dónde tiene la responsabilidad coadyuvante la vicepresidenta; pero más allá de eso, añade, es evidente que “la quieren sacar del camino porque el presidente Daniel Noboa, va a ser candidato a la reelección y tendrá que encargar la presidencia a la vicepresidenta, pero no quiere dejarle ni un minuto en ese cargo”, apunta.

Dictamen previo

El constitucionalista José Chalco explica que el juicio político a la vicepresidenta requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional, que ya estableció un estándar, esto es de que la mínima verosimilitud habilitaría el juicio político a un presidente o vicepresidente de la República ante la Asamblea Nacional.

De lo publicado en los medios de comunicación, añade, se entiende que este es un presumible delito de oferta de tráfico de influencias, y el artículo 129 de la Constitución determina las causales de un juicio político al vicepresidente estas son: delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito; y, nexos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia.

En este momento, afirma Chalco Salgado, ninguno de los delitos causales del juicio político sería oferta del tráfico de influencias.

Pero, añade, de la investigación penal de la Fiscalía podría derivarse nexos de causalidad que conllevan a una responsabilidad, por ejemplo, por un cohecho, un peculado o concusión, o incluso enriquecimiento ilícito. Y ahí simplemente, si es que existe vinculación con la vicepresidenta de la República, indudablemente que hay causal para juicio político; pero previo dictamen de la Corte Constitucional.

Si de la investigación penal se deriva la suerte de un nexo de causalidad con los delitos causales del 129 para el juicio político, la vicepresidenta indudablemente operaría el juicio político y ese juicio político llevaría a la destitución de la vicepresidenta de la República por parte del Parlamento.

El constitucionalista explica que no hay que esperar el desenlace del juicio penal o la sentencia para encontrar la causal de un juicio político, pero se tendría que encontrar precisamente de que haya elementos que vinculan en una suerte de complicidad, en una suerte de autora mediata, quien sabe si es la misma autora intelectual de esta serie de actos ilícitos, penales.

Hay que recordar, dice Chalco Salgado, que en el caso del expresidente, Guillermo Lasso, se decía de que porque recibió ciertas visitas o porque conocía o toleró la existencia de ciertos funcionarios, es decir, es exactamente igual. Si es que aquí se llega a determinar, de acuerdo con el precedente que dejó la Corte Constitucional de la mínima verosimilitud, de que existirían ciertos elementos que vinculan a la vicepresidenta y que toman la forma de otro delito, insisto, de los del artículo 129 que podría ser concusión, juicio, enriquecimiento ilícito o peculado, indudablemente puede iniciarse un juicio político, pero la Corte Constitucional es el órgano que dará el dictamen previo para que esto proceda. (I)