La clase política representada en la Asamblea Nacional está condenada a sondear sus decisiones legislativas, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con el deshoje del caso Purga para develar la injerencia de la política en la justicia, que involucra a personajes cercanos a las cúpulas de los partidos.

En paralelo, el presidente de la República, Daniel Noboa, apuesta a ganar la consulta popular del 21 de abril próximo, lo que constituye un arma política para señalar a la Asamblea Nacional como la entidad que quiso bloquear la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que buscan brindar las herramientas necesarias a los operadores de justicia y a la fuerza pública para enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

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El presidente Noboa considera que tiene más respaldo popular que la Asamblea Nacional y en eso se sostiene para empezar a promocionar su consulta con la esperanza de ganar la partida y con ello, posibilidades de asegurar una reelección presidencial para el 2025.

Frente a la consulta popular y el referéndum, el Partido Social Cristiano y el movimiento Construye anunciaron el respaldo a las once preguntas, en tanto que el correísmo, representado en la bancada Revolución Ciudadana, anticipa un apoyo parcial para evitar confrontaciones con un gobierno que al momento goza de popularidad.

En esta semana, la agenda de la Asamblea Nacional estará marcada por la intención de las fuerzas políticas de embarcarse en el discurso del combate a la corrupción, a la delincuencia organizada y su vinculación con la política y la justicia. Para ello, la bancada de la Revolución Ciudadana espera presentar un proyecto de resolución para conformar una comisión ocasional que investigue los alcances que tuvo el socialcristiano Pablo M., en su calidad de asambleísta del Partido Social Cristiano, para ejercer presión sobre la justicia en Guayaquil.

El movimiento Construye también insistirá en modificar el orden del día de la siguiente sesión plenaria para incluir una resolución de respaldo a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a su equipo de apoyo en las investigaciones sobre el caso Purga; esta vez, los mismos asambleístas de esa bancada legislativa esperan llegar temprano para reunir los 70 votos que no hubo en la sesión del jueves pasado, pues faltaron ocho votos para incluir el tema a debate, lo cual fue objeto de críticas en redes sociales.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, espera ponerse de acuerdo con los coordinadores de las bancadas legislativas para retomar la votación de la única moción calificada para aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que está dividida en cuatro votaciones.

La primera se refiere al endurecimiento de penas y la eliminación de los beneficios penitenciarios para delitos graves; la segunda, sobre trabajo penitenciario y prohibición para ingreso a territorio ecuatoriano de los extranjeros que hayan cometido delitos graves; el tercer bloque trata los temas polémicos, como el recurso de revisión para las sentencias penales ejecutoriadas y sobre la prohibición del doble juzgamiento, incluidos los casos resueltos por la jurisdicción indígena; y el cuatro bloque se relaciona con la tipificación del delito de femicidio y la propagación de enfermedades infectocontagiosas.

Kronfle anticipó que su aspiración es aprobar al menos el primer bloque de artículos referente al endurecimiento de penas. Al momento no hay fecha para retomar ese trámite, cuando restan seis semanas para la consulta popular y el referéndum. (I)

La agenda de los legisladores para esta semana

  • En esta semana, el pleno de la Asamblea Nacional tendrá que ser convocado para conocer el informe de posesiones que deberá presentar la Comisión de Régimen Tributario sobre la proforma presupuestaria periodo fiscal 2024 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2024-2027.
  • El viernes 15 de marzo vence el plazo constitucional que tiene la Asamblea Nacional para aprobar en dos debates el proyecto de reformas a la ley de Seguridad Social que plantea una nueva forma de gobernanza en los directorios.
  • La Comisión de Fiscalización en esta semana conocerá las pruebas de oficio presentadas por la asambleísta Nicole Saca, dentro del proceso de sustanciación del juicio político en contra del exministro de Energía y Minas Fernando Santos.
  • La Comisión del Derecho a la Salud aprobará el informe sobre la fiscalización a los casos de contaminación de plomo en productos alimenticios.
  • La Comisión de Desarrollo Económico presentará el informe para primer debate del proyecto urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. (I)