Han pasado cinco meses desde que el abogado Alembert Vera fue destituido de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por decisión de la Corte Constitucional (CC), que resolvió aquello por su actuación en torno al incumplimiento del Dictamen Interpretativo 02-19-IC/19, con el cual se blindaron las actuaciones del Consejo de Participación transitorio, que surgió por la consulta popular de 2018 y que estuvo presidido por el Julio César Trujillo (+).

La decisión de la CC, dice Vera, en una entrevista con EL UNIVERSO, fue ilegal y sentó un precedente desfavorable para la democracia del país. En noviembre pasado cuenta que presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice está avanzando y que en enero escaló a la etapa del pedido de información. Aunque es consciente de que estos procesos tardan años en resolverse, comenta que su objetivo es que se repare la legalidad del país.

El 6 de octubre fue destituido de la presidencia del CPCCS, usted calificó la medida de ilegal, ¿por qué?

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Hay que recordar que yo fui ilegalmente destituido por la Corte Constitucional y me refiero a ilegal porque fue a través de un procedimiento que no existe en la ley. El procedimiento de seguimiento de sentencia tiene como única conclusión el modular una sentencia de la propia Corte. Es decir, ellos a partir del seguimiento tenían que haber determinado que esta sentencia se modula respecto a que no se podían hacer veedurías, por ejemplo. Y de ahí, si existía algún supuesto incumplimiento de mi parte, tenía que haberse iniciado una acción de incumplimiento constitucional y con esa acción de incumplimiento se podría generar quizás una amonestación o una sanción, mas nunca destitución, porque la propia Corte Interamericana prohíbe que los candidatos electos puedan ser destituidos, a diferencia de un funcionario que no sea por elección popular.

El 22 de noviembre presentó una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿cuál es el estado de este proceso?

En este contexto de ilegalidad que he comentado, presenté mi demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... la Corte ha respondido de forma bastante prudente y diría de una forma bastante rápida y eficaz, porque ya inmediatamente eso se presentó en noviembre y ya en enero se ha solicitado la información al Ecuador. Entonces, vemos que en este caso se está estudiando el tema e insisto en que es un antecedente gravísimo para el país, para la democracia del Ecuador. No hay una analogía en la historia del país con lo que me ocurrió... en mi demanda lo que buscamos, además, es que se restituya ese derecho, es decir, que la Corte Interamericana finalmente diga ‘oiga, lo que ustedes hicieron estuvo mal’. Primero, no pueden ponerse autoblindajes; segundo, no pueden sancionar a una persona electa por el pueblo soberano con su propia sentencia. Y tercero, no puede limitar el derecho ciudadano a fiscalizar al sector público.

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¿Qué información fue solicitada por la Corte IDH?

Sabemos que ya pidieron información. No conozco si la Procuraduría y la Cancillería han extendido sus respuestas. Sí esperaría que lo hagan y además esperaría que ojalá soliciten información a la Corte Constitucional, a la Fiscalía, al propio Consejo de Participación. Yo creo que esto debe involucrar a todas las partes y que expliquen por qué hicieron esto. Y bueno, es un procedimiento largo, suele durar mínimo cuatro años. Hay procesos que han durado catorce, quince años, entonces, estamos a la espera.

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Pese a que la demanda ha tenido avances, usted no los ha hecho públicos, ¿por qué?

Quise omitir un poco esta información y no generar más noticias al respecto porque hay que ser empáticos con la situación del país, creo que para todo el Ecuador es más importante salir de la violencia, salir del odio, que las situaciones particulares y personales.

Sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en una foto de archivo, cuando era presidido por Alembert Vera.

Si usted está consciente de que la resolución de la demanda tomará tiempo y aunque fueran solo cuatro años no alcanzaría a ser restituido. ¿Qué efecto podría tener un pronunciamiento de la Corte?

Lo malo, para mí, es que el Ecuador va a ser sentenciado en algún momento, porque esa infracción cometida a los derechos humanos básicos, no personales, sino colectivos, no fiscalizar por una prohibición de fiscalización, en algún momento tendrá que revertirse... además, por supuesto, esto va aparejado a indemnizaciones económicas, repeticiones en contra de las personas que provocaron estos daños... La única forma de cambiar la idiosincrasia de Ecuador es que estos actos de agravios tengan posteriormente un arreglo histórico. No es la primera vez, el Ecuador en estos casos de destituciones ha sido sentenciado siempre... lo que busco es que se repare, primero, la legalidad del país y de ahí las situaciones individuales que son accesorias. Sin embargo, como lo manifesté desde un principio, esto probablemente lo vaya a conocer el actual Gobierno, o el siguiente, o el siguiente, y yo siempre voy a estar dispuesto a una solución amistosa.

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¿Haber sido destituido le impide volver a ser candidato a futuro?

No, en principio la Corte es clara, la decisión expone básicamente doce acciones de cumplimiento y en ninguna expone una deshabilitación para poder contratar o ser funcionario público. Pero la realidad del caso es que por errores, espero no por malicia, la exfuncionaria que estaba en Talento Humano, en la coordinación de iniciativa financiera, envió al Ministerio del Trabajo la inhabilitación, pero esto es una cuestión más de forma y por confusión. Los otros siete consejeros que fueron destituidos antes, ninguno fue inhabilitado. De hecho, algunos de ellos fueron candidatos y siguen contratando con el sector público. La ley administrativa que rige al sector público y el reglamento establecen que la sanción accesoria de inhabilitación es cuando existen sumarios administrativos... ya envié las solicitudes correspondientes y entiendo que se han dado cuenta de que fue un error.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina en el 2025 y en el 2027, ¿lo veremos en las papeletas, de pronto buscará el CPCCS de nuevo?

Cualquier ecuatoriano estaría feliz de representar a su país en cualquier ámbito. No se necesita ser candidato para ser político, no se necesita ser candidato para hacer el bien, para servir. Por supuesto, sería un honor que las tiendas políticas o los gremios o quien sea proponga este tipo de candidaturas. Nunca diré que no a la oportunidad de servir a mi país, a la oportunidad de generar estos cambios históricos. Sin embargo, por ahora no está en el radar... no lo descarto, pero insisto, no tengo ninguna propuesta en firme.

Pero para llegar al CPCCS de nuevo en el 2027 no necesita una tienda política...

Así es y eso es importante. La gente se olvida de que para ser candidato al CPCCS no se necesita un partido y la candidatura la aprueba el Consejo Nacional Electoral y en mi caso fue quien me destituyó... vamos a seguir trabajando. Creo que la ideologización viene después del trabajo. Entonces, primero trabaje, fórmese, trabaje mucho, sea bueno en lo que hace, sirva a su país y después propóngase ser candidato. Al revés, hay personas que le funciona, pero no creo que es recomendable.

Han pasado cinco meses de su salida del CPCCS, ¿cómo califica el trabajo de sus excompañeros?

Siempre, como todo ecuatoriano, deseamos que les vaya bien, que lo hagan bien por el país... en este momento creo que es un trabajo bastante deficitario. Llevábamos la agenda del país, en algún momento, procurábamos hacer audiencias públicas, hicimos seis audiencias públicas, más de 100 veedurías, activamos el aparataje provincial. Entonces sí entendería que deben preocuparse más por los ciudadanos, no se trata de hacer apariciones públicas y hacer alegorías individuales. El trabajo colectivo y el Ecuador merecen una función de transparencia, un Consejo de Participación Ciudadana. (I)