El pasado sábado el presidente Guillermo Lasso declaró, en cadena nacional, la inauguración de una “Cruzada por la seguridad”, el inicio de una serie de reformas dirigidas a frenar la espiral de violencia que devora nuestra nación. La flexibilización del porte de armas, la primera medida anunciada, ha causado gran controversia. Mientras muchas voces la celebran como una reivindicación del derecho del ciudadano a defender su vida y propiedad, otras la ven como una medida peligrosa, que exacerbará la violencia estructural de nuestro país.

Al margen de la opinión que uno tenga sobre esta medida, lo cierto es que proponentes y detractores están de acuerdo en algo: se queda corta. En efecto, si bien permitir que la ciudadanía se defienda es una medida razonable, lo cierto es que debe venir de la mano de reformas radicales que afirmen y refuercen la capacidad del Estado para defendernos a todos. Y es que ha sido precisamente el hecho de que esta medida fue anunciada de forma solitaria, lo que lleva a muchos a interpretarla como una admisión de que el Estado ya no puede cumplir su rol de garante de la paz social.

Pero lo que se anunció fue el inicio de una cruzada por la seguridad, y una “cruzada” no consiste en una sola medida. Lo que se prometió fue un paquete de reformas, por lo que solo cuando todas sean anunciadas se podrá rendir un veredicto. Ahora bien, bien haría el Ejecutivo incluir en este paquete algunas de las ideas que provienen de la sociedad civil. Presento a continuación siete de ellas, las cuales creo deberían ser parte del debate:

1. Utilizar el superávit conseguido para drásticamente aumentar el presupuesto de seguridad. Por lo menos triplicar la fuerza policial en Guayaquil y dotarla de mejores equipos, armamento y salarios.

2. Modernizar y agilizar el sistema logístico policial, de modo que haya una respuesta inmediata ante la comisión de un delito.

3. Contratar asesoría internacional de expertos en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

(...) muchas de estas medidas no dependen solo del Ejecutivo... será necesaria la participación de todos los poderes del Estado.

4. Habilitar que los jueces encargados de casos de sicariato y narcotráfico lo hagan virtualmente desde otros países, donde ellos y su familia gocen de protección.

5. Centralizar el sistema de garantías constitucionales en temas penales para ponerle fin al circo de los “habeas corpus”. Que los jueces que resuelvan estas medidas también gocen de protección extraordinaria.

6. Respaldar con mayores garantías legales a los policías que usan sus armas al enfrentar la delincuencia. Que ningún policía sufra cárcel por cumplir su deber.

7. Construir cárceles de mínima seguridad para delitos no-violentos. Que nunca más alguien que ha fallado en pagar una pensión alimenticia sea encerrado junto a un sicario.

Implementar muchas de estas medidas no dependen solo del Ejecutivo, sino que será necesaria la participación de todos los poderes del Estado. Pero es menester que sea el presidente quien ponga ideas como esta sobre la mesa y dé inicio al debate público. Solo con reformas así de radicales podremos hablar de la verdadera “cruzada por la seguridad” que el país necesita. (O)