Estas últimas semanas han sacado a la luz una realidad lamentablemente demasiado familiar para todos los abogados litigantes de este país. Nuestro sistema judicial está secuestrado por mafias, corroído hasta los huesos por la corrupción. Los jueces y abogados honestos del Ecuador aplaudimos a Diana Salazar de pie y solo tenemos una petición: que la purga no termine.

Por su estrecho vínculo con el narcotráfico, hasta ahora la mayoría de implicados en los casos Purga y Metástasis han sido jueces penales.

Sin embargo, el mismo cáncer de la corrupción está presente en todos los niveles.

Es necesario que la purga llegue también a los juzgados de lo civil. Ahí también a diario presenciamos auténticas películas de terror, protagonizadas por jueces prevaricadores y “abogánsteres” funcionalmente analfabetos, pero que igualmente “ganan” casos gracias a la persuasión del poderoso dólar.

Reorganizar la Función Judicial

No conozco a ningún litigante que no haya sido víctima, por lo menos una vez, de estos delincuentes de terno y corbata.

Sin mencionar nombres, compartiré un ejemplo de mi experiencia personal. Uno de mis clientes es una empresa extranjera que tiene una disputa contractual con una entidad ecuatoriana. El contrato entre las partes contenía una “cláusula arbitral”. La ley ecuatoriana es clara: si hay cláusula arbitral los jueces tienen la obligación de abstenerse de escuchar la disputa y remitir a las partes al arbitraje (es decir, que la disputa se resuelva por un experto en derecho designado en el contrato). Sin embargo, a pesar de eso, la contraparte interpuso una demanda ante la justicia ordinaria, la cual recayó en un juez con más de 30 expedientes disciplinarios y que fue destituido una vez, pero recuperó su puesto gracias a una de estas infames “acciones de protección”. Violando la ley clara, este juez se declaró competente y condenó a la empresa extranjera a pagar más de 35 millones de dólares a la ecuatoriana, a pesar de que el contrato solo le generaba a esta última aproximadamente 800.000 dólares en ingresos brutos anuales (es decir, sin restar ningún costo).

Purga sin retorno

Por si fuera poco, este mismo juez ha evitado que el proceso suba a segunda instancia por casi un año, valiéndose de todas las argucias disponibles para retrasar el proceso. A la postre, a pesar de que este juez fue denunciado ante la Fiscalía Provincial del Guayas hace meses, la investigación ha estado estancada.

El hecho de que la fiscal provincial haya sido recientemente vinculada al caso Purga, presuntamente por tener vínculos con estas mafias judiciales, probablemente explica este misterioso retraso.

Esta es solo una de las tantas historias de prevaricato y corrupción que ocurren a diario en nuestro país. Hasta que estas mafias judiciales no sean erradicadas de todo nuestro sistema de justicia, no tendremos forma de avanzar como sociedad. Y es que la justicia es la base de toda convivencia social pacífica. Es por eso que todos los juristas honrados del Ecuador aplauden y piden: que la purga no termine. (O)