Durante los últimos meses a vista y paciencia de todos se ha fraguado una nueva metida de mano en la justicia. El concurso de jueces para la Corte Nacional, el máximo órgano judicial de nuestro país, ha estado viciado de groseras irregularidades. Estas no

son especulaciones. La Misión Internacional de Observación ha emitido un informe en el que se relata un rosario de preocupantes anomalías, incluyendo el hecho de que la identidad de sus participantes no se haya hecho pública desde un principio y que una de sus fases, concretamente la “prueba de confianza”, se haya repetido sin razón convincente y sin que se hayan hecho públicos los resultados originales. Entre los miembros de este observatorio se hallan Diego García Sayán y Jaime Arellano, dos reconocidos juristas internacionales de reputación intachable.

Justicia o impunidad

El artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: “Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”. Este es exactamente el caso y lo que procede hacerse. Sin embargo, pese a ello, el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de este concurso y por lo tanto el llamado a cumplir este mandato de la ley, ha hecho caso omiso a las voces de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, empecinado a seguir adelante a toda costa con este viciado proceso.

No es muy difícil deducir qué oscuros intereses son los que empujan a que este nuevo atropello contra nuestro sistema de justicia siga adelante. Ayer en la madrugada la Fiscalía General del Estado realizó un operativo masivo en el que no menos de 75 domicilios fueron allanados en siete provincias en medio de una investigación por narcotráfico y el crimen organizado. Entre los detenidos se encuentra nadie otro que Wilman Terán, el actual presidente del Consejo de la Judicatura. Pero más revelador aún es quién salió a defenderlo. En efecto, de la mañana a la tarde el muro de un cierto prófugo de la justicia se llenó de ataques en contra de la fiscal general del Estado, acusándola de querer interferir con el concurso de jueces mediante este operativo. Cualquier duda de que el correísmo estaba detrás de las irregularidades del concurso ha quedado sepultada. El pez por su propia boca muere.

Juristas vs. tinterillos

El silencio cómplice de nuestra clase política sobre este asunto ha sido ensordecedor. ¿Es este el precio que quieren que los ecuatorianos paguemos por una mal llamada “gobernabilidad”? ¿Venderán nuestra justicia por treinta monedas de plata? La ciudadanía no puede quedarse de brazos cruzados. Los ecuatorianos tenemos que entender que los problemas con nuestro sistema de justicia no son problemas alejados, abstractos, que solo afectan a “otros”, sino que son una de las principales razones por las que estamos como estamos. Son las fallas en nuestro sistema de justicia las que permiten que las mafias y los corruptos hagan de las suyas con total impunidad. ¿Seguiremos permitiéndolo? (O)