El artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice: Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional (...) que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, (...), serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Este es el famoso delito de “prevaricato”, delito que, como la citada disposición indica, cometen los jueces cuando violan leyes claras en sus sentencias o resoluciones. La consecuencia de este crimen también es clara: juez que prevarica debe ir preso.

Este pequeño artículo del COIP debería ser una de las herramientas más poderosas para combatir la corrupción de nuestro sistema de justicia. En efecto, tal y como está redactado, para condenar a un juez por este delito no es necesario probar que ha existido un acuerdo entre él y una de las partes, cosa que usualmente es bastante difícil de hacer, sino que basta con demostrar que existe una norma clara que el juez ha decidido simplemente ignorar. Y, sin embargo, pese a lo fácil que en principio debería ser demostrar que un juez ha prevaricado, es decepcionantemente común que estos delitos nunca sean denunciados o que, cuando se hace, las denuncias queden estancadas en la Fiscalía.

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Varios son los motivos detrás de esto, pero uno de los principales son los propios abogados que han sido víctimas de un juez prevaricador. En efecto, no es infrecuente que los abogados, especialmente aquellos que ejercemos en el orden civil, a menudo seamos renuentes a denunciar estos crímenes o no estemos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias cuando lo hacemos. Para la mayoría de las víctimas de jueces prevaricadores, el sistema penal ecuatoriano es demasiado lento o corrupto, por lo que usarlo sería “perder el tiempo”. Muchos prefieren agachar la cabeza y simplemente apelar, esperanzados de que en segunda instancia o tal vez en casación encuentren jueces que dicten sentencias con apego a la ley y no al dinero. Esta actitud resignada, sin embargo, a la larga no hace más que alimentar el círculo vicioso de la corrupción. Y es que cada vez que un juez prevarica sin sufrir ninguna consecuencia se le manda un mensaje a los demás jueces, diciéndoles que tienen carta blanca para pisotear las leyes de nuestra república sin que pase absolutamente nada.

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La corrupción judicial, incluso en casos civiles, es un problema que no solo afecta a las partes, sino a toda nuestra comunidad. Los jueces corruptos son los que dejan en libertad a los delincuentes que aterrorizan nuestras calles, los que dan impunidad a los saqueadores del dinero público y los que con su complicidad e indolencia permiten que los poderosos sin escrúpulos aplasten a la gente buena de nuestro país.

Es por ello que mediante esta columna invito a mis colegas a unirse en un pacto contra la prevaricación. Que la próxima vez que nos topemos con un juez corrupto este sea denunciado y perseguido hasta las últimas consecuencias. Que no tengan respiro. El juez que prevarica debe ir preso. (O)