Daniel Noboa ha, finalmente, revelado las preguntas que pretende plantearle al país en consulta popular. Gran decepción. Usadas apropiadamente, las consultas populares son excelentes herramientas para convertir al mismísimo pueblo en el actor principal de un proceso de transformación institucional. En Ecuador, sin embargo, las consultas populares han sido reducidas a una táctica banal para conseguir “capital político”: al realizar unas cuantas preguntas superficiales que obviamente serán contestadas con un “sí”, el Ejecutivo de turno busca conseguir una “victoria” fácil en las urnas que luego pueda capitalizar políticamente. Este parece ser el verdadero objetivo de Daniel Noboa y su consulta de juguete.

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Para empezar, las preguntas propuestas adolecen de un fatal defecto de forma. Y es que el Ejecutivo no ha articulado cuál sería el efecto jurídico concreto que tendrían las reformas que plantea. No especifica qué artículos de qué normas serían reformados o derogados, dejando eso simplemente a la imaginación. En algunos casos esta vaguedad es impactante. Por ejemplo, en la cuarta pregunta se propone aumentar las penas de una serie de delitos, incluyendo terrorismo y sicariato. ¿El problema? En ningún lugar de los anexos se indica cuántos años de prisión se aumentarían a estas penas. El propio texto del Ejecutivo admite que no se están proponiendo reformas concretas. Por ejemplo, el párrafo 26 del decreto, al discutir la pregunta 1, textualmente indica que “esta pregunta no busca reformas constitucionales o legales, sino que se encuentra enfocada en adoptar medidas específicas”, fórmula que es repetida a través de todo el documento. Estas preguntas, por lo tanto, no son realmente propuestas de reformas jurídicas concretas, sino meramente declaraciones aspiracionales, similares a ofertas de campaña durante elecciones. Justamente por eso existe una probabilidad significativa de que la Corte Constitucional no les conceda el visto bueno a las preguntas propuestas.

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Peor aún, la mayoría de las propuestas planteadas no parecen requerir una consulta popular para empezar. Por ejemplo, para el aumento de las penas de prisión (pregunta 4) simplemente se requiere reformar el Código Orgánico Integral Penal, algo que únicamente requiere que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley a la Asamblea sin necesidad de una consulta. Lo mismo se puede decir de las preguntas 3, 5, 6 y 7. Respecto a la auditoría de los bienes de servidores judiciales (pregunta 8), el Ejecutivo parece olvidar que esa ya es una función asignada a la Contraloría General del Estado, por lo que no queda claro exactamente en qué consistiría la reforma propuesta. En definitiva, no solo que las “reformas” propuestas no parecen ser realmente reformas, sino que en todo caso la mayoría de ellas pueden implementarse directamente, sin necesidad de una consulta popular.

Las cosas están claras. El presidente está proponiendo una consulta de juguete, innecesaria y mal planteada, que solo busca conseguir una “victoria” fácil en las urnas, a costa del bolsillo de todos los ecuatorianos. (O)