Ciudadano denuncia que su terreno fue invadido por parte del GAD de Quevedo para construir una obra que ya fue entregada

Quevedo, Los Ríos

Para este jueves 17 se espera la resolución de la jueza que lleva la causa sobre el supuesto desacato que habría cometido del alcalde de Quevedo, John Salcedo, y el síndico del Municipio de esa ciudad, Tirson Mosquera, al amparo constitucional que fue dictaminado por la autoridad, el pasado 4 de junio, ante la supuesta invasión de terrenos privados ubicados en esa ciudad.

La decisión de la jueza en torno a este tema podría derivar en la destitución de la primera autoridad municipal, o a su vez a su delegado, entre otras sanciones de carácter penal y económicas, de acuerdo con lo que indica la ley.

En el terreno, ubicado entre la calle Marcos Quintana y Sexta (zona comercial), actualmente funciona una plazoleta de comida típica, denominada por el Municipio como Food Garden, una infraestructura que fue levantada y entregada el pasado fin de semana por el alcalde Salcedo.

Pese a que la jueza determinó al Municipio que paren los trabajos en la obra, valorada en aproximadamente 150.000 dólares, el contratista continuó con los arreglos en la infraestructura, así como con la instalación de los contenedores termoaislados y el mobiliario en el patio de comidas, que ya es ocupada por los comerciantes y está abierto al público.

La inauguración de la plazoleta trajo molestias y alegrías a los involucrados en el tema.

Los comerciantes reflejaban la emoción de por fin poder trabajar en un lugar más cómodos después de más de 30 años de trabajar en las calles de Quevedo, mientras que el dueño de una tercera parte (zona izquierda) del terreno donde funciona el Food Garden, manifestó su rechazo a su funcionamiento, ya que denuncia que su terreno fue invadido por el cabildo.

El quevedeño Mario Martire alega ser el propietario de una parte del terreno y es quien denuncia al GAD de Quevedo por invadir su predio y construir la obra sin su consentimiento.

“Son tres solares los que se ha tomado el Municipio para construir la obra, el de la izquierda es el mío. No sé qué habrá pasado con los otros dos dueños, a qué arreglos llegaron, pero yo reclamo por mi espacio. A mí me notificaron por correo electrónico, recién el 1 de marzo de este año, que el terreno había sido declarado por el Concejo municipal como de utilidad pública con fines de expropiación, cuando ellos desde el 27 de enero ya tenían adjudicada la obra, yo no me enteré a tiempo porque vivo en Guayaquil, dedicado a mis negocios. Confiado esperé a que alguien del Municipio me contactara y hablara del tema porque mi terreno no estaba abandonado”, refirió el empresario.

Asimismo, Martire dijo que el día que la jueza emitió las medidas cautelares en contra del alcalde de Quevedo y el procurador síndico, en la audiencia que realizó en la misma ciudad, supuestamente un delegado del cabildo le manifestó delante de la autoridad que la obra había sido paralizada, como se había ordenado, pero al pasar por su terreno obreros seguían trabajando en la obra.

“Delante de la jueza que ordenó las medidas cautelares mintieron, yo no me opongo a que se haya ejecutado la obra porque beneficia a decenas de familias de Quevedo, no estoy de acuerdo es en que se haya hecho como a escondidas, sin previa notificación o conversaciones para llegar a acuerdos, entraron invadiendo, de forma arbitraria sin respetar a nadie, ahora hasta desacatan la orden de la jueza, las cosas deben hacerse de manera justa, apegadas a ley, aquí están perjudicando a una persona”, expresó Martire.

Fiscalización

La concejal Lorena Rojas dijo que ella también espera que el tema sea aclarado, ya que se ha generado una polémica entre el GAD de la ciudad, el propietario del terreno supuestamente invadido y la ciudadanía, algo que considera no le genera estabilidad y confianza al Concejo municipal.

“Hay un dueño de una parte de ese terreno, según se socializó el tema antes de declararlo como (de) utilidad pública que el proceso se iba a realizar siguiendo todos los parámetros y procesos que indica la Ley, pero al parecer no se ha procedido así, como edil debo fiscalizar esta obra, aunque mi reacción haya generado molestias desde el contratista y a otros funcionarios, debemos actuar de manera correcta, por eso nos eligieron, somos los ojos de los ciudadanos, estoy pendiente de este caso, me sorprende que hasta ahora los involucrados de parte del Municipio no se hayan referido al tema, no hay respuesta y eso es sospechoso y a la vez una falta de respeto tanto para el demandante como para la ciudadanía en general”, refirió la edil.

José Caluña, presidente de los picanteros que se encuentran instalados en esta plazoleta, dijo que ellos sí tienen conocimiento del litigio del terreno, pero que eso deberá resolver el GAD municipal. “Nosotros estamos agradecidos por la obra del alcalde, fue una promesa de campaña y lo está cumpliendo, en este sitio estamos mejor, hay más comodidad tanto para los comerciantes como para los usuarios, el problema del litigio es entre el Municipio y el denunciante”, mencionó el líder.

Hasta el momento ningún representante del GAD municipal ha dado respuesta a los reclamos del denunciante. Tampoco se lo ha hecho a los medios de comunicación. Ahora el propietario solo espera la resolución de la jueza que lleva la causa que será emitida una vez se realicé la inspección del terreno, que está planificada para este jueves 17 de junio.

Este Diario solicitó entrevista con el alcalde y procurador síndico sin resultado hasta la tarde de este miércoles 16 de junio.

Según el demandante, su terreno es de 190 metros cuadrados y está avalado comercialmente por cerca de los $ 100.000, pero el Municipio, según datos conseguidos por él, ha valuado el terreno en aproximadamente $13.000.

Proceso de contratación

EL proceso MCO-GADMQ-005-2020, según detalla el portal del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), fue adjudicado a Moreno Veloz Ludovico David, con RUC 0912743234001, siendo aceptada el 30 de diciembre de 2020.

La obra valorada en $ 149.689,22 fue adjudicada el 27 de enero de 2021 y el contrato firmado el 15 de abril de 2021 con firma de responsabilidad de John Salcedo Cantos, como la máxima autoridad institucional, Vidal Vicente Veloz Moreira, como la máxima autoridad responsable, y Christian Germán Aguilera Vida, como autoridad ordenadora de gasto.

En la función de la Comisión técnica fueron designados los funcionarios Joselo Briones Moreira, Humberto Sandoya Mosquera, Javier Coronel Salas y Christian Aguilera Vidal. (I)