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La falta de agua potable, el colapso de hospitales y el riesgo de incendios han encendido las alarmas de organizaciones humanitarias.
Cuatro días después del sismo la cifra de muertos se elevaba a 2.056 personas, con más de 3.900 heridos y 270 desaparecidos.
La ONU alertó de que los hospitales están desbordados y que muchas personas están durmiendo a la intemperie por el miedo a nuevas réplicas del terremoto.
El país ha experimentado décadas de disturbios y gobiernos militares desde su independencia de Gran Bretaña en 1948.
La organización espera apoyar acciones como atenciones médicas, brindar alojamiento, alimentos y agua a los afectados.
En Birmania, el gobierno militar declaró el estado de emergencia e hizo una petición de ayuda internacional.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Birmania, causando cientos de víctimas, graves daños y declaratoria de emergencia en varias regiones.
La junta militar cifró ya en 200 muertos y 700 heridos las víctimas por el terremoto, en su último balance.
El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Birmania ha provocado el colapso de multitud de edificios e infraestructuras.
Más de 80 personas se encontraban dentro del edificio cuando colapsó por el sismo.
El sismo de 7,7 estuvo seguido por cuatro réplicas, la primera de ellas de intensidad 6,4, seguida por tres más moderadas.
Al menos tres personas fallecieron, 50 resultaron heridas y 70 están desaparecidas.
El ciclón Mocha daña 10.000 viviendas y arrasa más de 250 refugios rohinyás en Bangladés.
Portavoz de la junta militar dijo que en la aldea atacada había una ceremonia para abrir una oficina de los grupos armados antigolpistas.
Desde el golpe de febrero de 2021, más de 13.500 personas han sido detenidas por su oposición a la Junta Militar.
Birmania vive un momento de gran inestabilidad tras el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno civil.
En 2021 el tráfico de animales aumentó un 74 por ciento con respecto al año anterior.
Fue hallada culpable por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia.
El organismo subrayó la “necesidad de asegurar la rendición de cuentas en torno a este hecho”.
También se les niega el saneamiento básico, lo que considera la negación de “un derecho fundamental”.