Si el presidente Noboa hubiera presentado las preguntas para la consulta popular antes de fin de año, como lo había anunciado, habría sonado como una inocentada. El contenido insulso de las preguntas nos habría llevado a suponer que, para aliviar la desazón de la mayoría de la población con los problemas del país, había acudido a la tradición de hacer la típica broma con que se conmemora el día de los inocentes. Pero, al haber difundido el contenido en los primeros días del año y sobre todo al comprobar que todas las preguntas son innecesarias e inefectivas, solo queda acudir a otra connotación del término inocentada, que es la acción poco pensada de una persona ingenua e inexperimentada.

Propuestas timoratas

La consulta es innecesaria e inefectiva porque, en caso de ser aprobadas, ninguna de las preguntas provocará cambios inmediatos, mucho menos transformaciones de fondo, que son las que se necesitan para resolver los problemas económicos y de inseguridad. Todas deberán pasar por la Asamblea para transformase en leyes o introducir reformas en varias normas vigentes. Este proceso legislativo ocupará un tiempo no menor a 6 o 8 meses, a los que se deben añadir los necesarios para el trámite en la Corte Constitucional, la convocatoria por el CNE, la campaña, el escrutinio y la resolución de impugnaciones. A todo ello debe sumarse la posibilidad –altamente probable– de que los productos que salgan de la Asamblea sean los usuales bodrios que provienen de las reducidas mentes borreguiles que predominan ahí.

Obviamente, se puede suponer también que el objetivo de la consulta no está en el contenido de las preguntas, sino que está pensada como un recurso para consolidar el apoyo político. Ya lo hicieron presidentes anteriores y ahora aparece con más claridad desde que, como presidente electo, anunció su decisión de ir a la reelección. Pero, debido a los plazos señalados antes, incluso eso constituye una ingenuidad y es una vana ilusión.

El cierre del año

Este Gobierno, como muchos que lo precedieron, no ha comprendido que la consulta popular es una modalidad de democracia directa que tiene dos formas claramente diferenciadas. Una es el plebiscito, en el que se sondea el parecer de la ciudadanía sobre determinados temas sin que se establezcan normas y procedimientos para llevarlos a la práctica. La otra es el referendo, que pone a consideración de los ciudadanos textos explícitos que se convertirán en leyes o que reformarán algunas existentes, incluso con alcance de reforma constitucional. Esta es la que deben aplicar los mandatarios cuando requieren contar con la aprobación ciudadana para tomar decisiones inmediatas, ya sea porque son de trascendencia, o porque van más allá de las prerrogativas que les otorga su cargo. La consulta actual no es un referendo, que sería lo adecuado para enfrentar los gravísimos problemas que gravitan sobre el país. Es un plebiscito que constituye una encuesta que no se aplica a una muestra sino a toda la población.

El Gobierno aún está a tiempo de dejar de lado esta encuesta carísima. Si mantiene su decisión de convocar a consulta, debería sustituirla por un referendo en el que ponga a consideración reformas de fondo, que deban aplicarse de inmediato, no de maquillaje como las que ha propuesto (que parecen hechas por una persona experta en cosmética). El país no está para inocentadas. (O)