Dice el diccionario que sainete es una pieza dramática jocosa, de carácter popular. Eso fue la sesión de la Asamblea Nacional para conocer una solicitud, también jocosa y de malas intenciones, de un juez solicitando autorización para enjuiciar penalmente a un exvicepresidente de la República (Jorge Glas), a sabiendas de que ese requisito únicamente se aplica para los presidentes y vicepresidentes en funciones, y que tiene como razón de ser el impedir que se pueda distraer a esos funcionarios del cumplimiento de las tareas a ellos encomendadas por la nación.

A transparentar todo

La tarea era sencilla para los asambleístas confabulados, pues se trataba justamente de lo contrario de lo que dice la orden del día, es decir, no debían conseguirse los 92 votos requeridos para autorizar el tal enjuiciamiento; una pantomima en que cada uno de los bloques podía lavarse la mano votando por lo que se le antojase para decir luego que había fracasado el pedido de enjuiciamiento y que, por tanto, no se podía enjuiciar al exvicepresidente.

El presidente de la Asamblea Nacional (Henry Kronfle), al parecer para no comprometerse en algo manifiestamente ilegal, encargó la presidencia de la sesión a la primera vicepresidenta (Viviana Veloz), pero con eso se complicó más, porque un funcionario que conoce que se va a producir una violación de la ley, de la Constitución, tiene la obligación de impedirlo, lo que no hizo. No lo exculpa el proclamar luego que la resolución de la Asamblea Nacional no tiene valor.

A lo hecho por la Asamblea Nacional es aplicable el dicho de que no hay mayor infamia que aquella que se comete a pretexto de defender la ley. Eso es lo que han hecho los compactados del Legislativo para proteger a un exvicepresidente de una nueva acusación de peculado por parte de la fiscal general, Diana Salazar.

¿Usted cree que...?

Como los autores del sainete conocían que la maniobra podía no ser aceptada por la ciudadanía –como no lo fue– decidieron que el exvicepresidente, a la vez, se refugiase en la Embajada de México y solicitase asilo aduciendo que es un perseguido político.

La Cancillería ecuatoriana, como es de rigor, ha presentado a la Embajada mexicana los respaldos necesarios para sostener que el exvicepresidente está investigado por delitos comunes, no políticos. Pero, según la convención de Caracas de 1954, en su artículo cuarto, “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito”. Si México le concediera el asilo, le corresponderá al Ecuador otorgar el salvoconducto respectivo para que salga del país.

El propio juez de la Corte nacional que hizo la consulta a la Asamblea Nacional –juez a quien la Fiscalía también investiga dentro del caso Metástasis, al que yo he llamado “la madre de todas las guerras”– ha aceptado que su consulta carecía de validez, y ha convocado a audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente por peculado en la reconstrucción de Manabí.

Podría decirse, sin cantar victoria definitiva, que la fiscal general puede continuar con su lucha, que cada día consigue más adeptos. Como se ve, la lucha tiene adversarios incansables y cada día surgirán nuevos tropiezos que habrá que vencer. (O)