Después de la continuación de la arrolladora marcha de la fiscal general contra la corrupción con el caso Purga, en la que han sido detenidos más de la mitad de los jueces de la Corte de Justicia del Guayas, encabezados por su propia presidenta, a más de un exasambleísta y otros sujetos, uno se pregunta: ¿Cómo se puede conformar una nueva Corte sin la intervención de los mismos poderes que seleccionaron a la actual? Y, sobre todo, ¿cómo se puede reorganizar la totalidad de la Función Judicial, ya que ninguna de sus partes huele a santidad?

¿Lo podrá hacer el Consejo de la Judicatura interino, cuando su propio presidente nos desconsuela diciendo que los jueces están blindados? De los tres poderes del Estado solo queda incólume el Ejecutivo, porque el Legislativo se encuentra fracturado por la desintegración de los bloques que hacían mayoría, precisamente sobre asuntos de la justicia y, particularmente, sobre el pretendido enjuiciamiento a la fiscal general, Diana Salazar, en la Asamblea Nacional; la Función Judicial se encuentra en el banquillo, acusada por la propia fiscal general, cuyo desempeño es respaldado por la opinión pública.

Purga sin retorno

Por lo que manifestamos, las únicas instituciones con credibilidad son, al momento, la Presidencia de la República y la Fiscalía General del Estado.

El presidente podría pedir al pueblo, en la Consulta Popular, poderes para la reorganización de la totalidad de la Función Judicial, exceptuando, obviamente, a la Fiscalía General que, más bien, debería ser fortificada en su autonomía. Una reorganización que no signifique la impúdica autorización solicitada anteriormente para “meter mano en la justicia”, sino una reorganización basada en méritos, sin cálculos políticos, en la que puedan participar todos los abogados, incluidos los actuales funcionarios. En el 2005, a raíz de la reorganización de la Corte Suprema, cuando por acuerdo de una mayoría circunstancial en el Congreso, esta mayoría designó una Corte a la que la ciudadanía apodó la “Pichi Corte”, que duró pocas semanas, y fue reemplazada por una para la que concursaron abogados, muchos de provincias, poco conocidos, pero con obras publicadas de derecho, maestros de universidades, y que fueron seleccionados por una comisión ciudadana, independiente, no política.

Cinismo y audacia

El caso Purga ha puesto en evidencia la corrupción en la Corte Provincial del Guayas, pero la corrupción está extendida en otros lugares; es la ocasión para que el presidente de la República pida en Consulta Popular autorización al pueblo para reorganizar la función judicial.

La acción que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están desarrollando contra el crimen organizado estará incompleta si hay jueces que siguen protegiendo a las mafias; hay que eliminar a los jueces que liberan a los delincuentes apresados por la Policía con riesgos de vida.

La acción de la Fuerza Pública ha disminuido los delitos, pero no los ha eliminado. Hay delincuentes y malos jueces agazapados solamente. Simultáneamente a la acción, hay que reorganizar la Función Judicial. Son cosas paralelas. (O)