A inicios de agosto la Comisión de Reforma entregó la versión final de su propuesta al Gobierno. Había ahí varias opciones. Una, ajustarla y enviarla como proyecto-ley, ciertamente con pocas posibilidades de pasar la barrera (porque barrera es) de la Corte Constitucional. Dos, abrir un debate nacional alrededor de esas ideas para mejorarlas y que (eventualmente) surgieran mejores alternativas. Tres, pedir a un grupo de constitucionalistas que afinaran un proyecto legal para dejarlo al próximo Gobierno. Cuatro, simplemente declarar que el tema queda para el futuro, sin ningún insumo adicional… se escogió esta última vía…

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¿Qué se puede hacer en los próximos 18 meses? Una alternativa sería abrir el debate, encontrar opciones incluyendo la de la Comisión y dejar ese espacio (en algo desbrozado) para el Gobierno del 2025. Otra es avanzar en el debate, convertirlo en proyecto de ley y tratarlo con la nueva Asamblea Nacional. De cierta manera la primera es la opción mínima, la otra la máxima. Y también habría el “hacer nada”, pero sería demasiado irresponsable... ¿Irresponsable? Claro, porque el tiempo apremia. En cuatro o cinco años, el sistema entraría en “quiebra progresiva”, esto no quiere decir que de un día para otro no habría dinero para cubrir ninguna pensión, sino que habría que rebajarle a la gente un 10-15 % anual frente a lo ofrecido… ojo, una rebaja adicional de año en año hasta una eventual reforma. Grave.

¿Qué no debería ser una reforma?... pasarle “una mano de gato” o creer en soluciones milagrosas.

Preguntémonos primero ¿qué no debería ser una reforma? Respuesta: pasarle “una mano de gato” o creer en soluciones milagrosas. Ejemplo, creer que basta con “controlar la corrupción + pagar la deuda del Estado al IESS”, esto es sin duda muy importante, pero lejos de la solución permanente. Ejemplo, creer que es suficiente que el Estado cumpla a tiempo su obligación de aportar el 40 % de las pensiones: ese aporte (hoy algo más de $ 2.000 millones anuales) en poco tiempo se duplica o triplica y se torna inmanejable. Ejemplo, agregar más afiliados al sistema actual, porque si bien aportarían más liquidez temporalmente (habría una sensación de que todo ha mejorado), luego el problema se amplifica porque cada nuevo afiliado recibe más de lo que aportó.

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¿Qué sí lo enfrenta? Atacar los problemas estructurales, hay una gama de opciones (la comisión tomó uno de esos caminos), pero todas deben guiarse (al menos) con algunos principios básicos que hoy se incumplen. Uno, que el “sistema pueda cumplir lo que ofrece”: que la proyección de sus compromisos sea viable. Dos, que sea viable para las finanzas públicas. Tres, que sea equitativa: hoy subsidios y beneficios son relativamente mayores para los de mayores ingresos. Cuatro, que exista una relación sensata (no “caída del cielo”) entre beneficios y aportes de cada uno. Cinco, que se aplique lo que la gente entiende intuitivamente: la jubilación debe combinar una parte fija sea corta o larga la vida en jubilación, y unos “ahorritos” adicionales, es decir, una combinación de renta vitalicia y de ahorros individuales. Seis, que atraiga a independientes y otros que no quieren o no pueden participar. Siete, que existan recursos para los pobres que llegan a la tercera edad, sin afiliación.

Pregunta: ¿lo entienden los actuales candidatos? (O)