Los candidatos a la presidencia proponen usar dinero de la Reserva Internacional (RI) para estimular la economía. Luisa González propone tomar $ 2.500 millones y Daniel Noboa $ 1.500 millones. El problema con esta propuesta es que no estimularía la economía y pondría en riesgo al sistema financiero.

Dice un argumento popular que la RI es “dinero parqueado”. Los fondos acumulados allí tienen dueño y cumplen una función esencial, aunque distinta a aquella de la RI en una economía no dolarizada. Los dueños son los depositantes en el sistema financiero privado y público, municipios, prefecturas, empresas estatales, el IESS, entre otras entidades del sector público.

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Existiendo una moneda nacional, los fondos de la RI sirven para administrar un tipo de cambio. Estando dolarizados, sirven para atender la demanda de efectivo del público y para que el sistema financiero pueda expandir el crédito y la cantidad de circulante.

Hasta el 8 de septiembre la RI acumulaba un total de $ 6.876,5 millones, cubriendo un 58 % de los pasivos exigibles ($ 11.810,8 millones). De los $ 6.876,5 millones, $ 5.761,4 millones o un 83 % corresponden al sistema de canje y al sistema de Reservas Financieras. En otras palabras, casi toda la RI está compuesta de las reservas bancarias depositadas en el Banco Central y los activos líquidos que respaldan la emisión monetaria para satisfacer la demanda de cambio en el país (monedas por un monto de $ 87,2 millones).

Reserva internacional registra baja al colocarse en $ 6.905 millones, aunque aún cubre moneda fraccionaria y depósitos bancarios

(...) termina siendo una política que restringe el crédito... y obstaculiza el crecimiento económico...

Para cumplir su promesa, los candidatos tendrían que arriesgar la provisión de liquidez del sistema financiero en mayor o menor medida. Cuando Correa culminó su presidencia la cobertura de esta parte importantísima de la RI llegó a un punto mínimo de 66 %. Si en ese entonces, la demanda de liquidez se hubiera disparado de manera repentina por una falta de confianza de los agentes económicos y/o un shock externo fuerte como, por ejemplo, un desastre natural o una caída del precio del petróleo, el BCE no hubiera podido satisfacerla y se habría desatado una corrida en los bancos.

Este es el peligro de haber dejado al Banco Central del Ecuador vivo después de haber dolarizado la economía. Quedó como un cascarón vacío, hasta que en las administraciones de Correa le concedieron cada vez más funciones. Algo se hizo para remediar el daño con una ley aprobada durante la administración de Lenín Moreno, por ejemplo, prohibiendo que el BCE financie directa o indirectamente al Gobierno y dándole independencia del Ejecutivo a la Junta de Regulación de la Política Monetaria. Pero eso no frena cuando hay voluntad política para disponer del dinero ajeno.

Los políticos venden esta idea argumentando que así se estimulará la economía. Realmente proponen desplazar de manera coactiva el financiamiento desde el sector productivo hacia el sector público. Dado que es evidente para quienes asignan el crédito en el sistema financiero que ya no disponen del 100 % de sus activos líquidos, porque el BCE se lo prestó al Gobierno, entonces -estando todo lo demás constante- conceden menos crédito que si contaran con la totalidad de sus activos líquidos. Es decir, esta medida termina siendo una política que restringe el crédito, frena el crecimiento del circulante, presiona al alza las tasas de interés y obstaculiza el crecimiento económico. (O)