El estallido delincuencial de la semana pasada tuvo como respuesta el reconocimiento gubernamental de un “conflicto armado interno” y la identificación de grupos delincuenciales como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. Más allá de las observaciones jurídicas a esta última calificación por el estatus que otorga a esas bandas, el hecho central es que con ello se colocó el tema en el plano de la guerra. Quiérase o no, de ahí en adelante el problema del narcotráfico y las pandillas asociadas a este será tratado fundamentalmente como un problema de carácter policial y militar. El lenguaje será el de las armas.

Resultados de la gestión gubernamental del conflicto armado interno incidirían en el apoyo a la consulta

Sin duda, era imprescindible dar un giro a la acción gubernamental, que hasta ahora fue únicamente de carácter defensivo. Es correcto asumir que existe un conflicto armado interno (pero no deja de hacer ruido lo de actores no estatales beligerantes). Sin embargo, esta es solo una parte de la solución al problema, y no la más importante. En la lucha contra la inseguridad y la delincuencia se ha impuesto la visión de Rambo que, en términos políticos, se ha constituido ya como una corriente (el bukelismo). Junto a la importancia del uso de la fuerza legítima del Estado, que se expresa en tecnificación de las fuerzas del orden, equipamiento y asignación de recursos, es necesario considerar que este problema tiene tres caras adicionales y de mayor importancia que las bandas violentas. Esas caras son la justicia, la economía y la política. Las redes que tejen los capos de los cárteles internacionales que manejan negocios de miles de millones de dólares han penetrado en esos espacios, lo que exige poner la mira en un punto más alto que el de los líderes locales.

El golpe más duro para los capos y para sus operadores políticos es el que se da en sus bolsillos.

En el ámbito de la justicia, de nada sirven los esfuerzos de policías y militares si las comisarías tienen puertas giratorias que, gracias a jueces que actúan por plata o por plomo, garantizan la salida inmediata de los delincuentes. En ese campo hay muchas cosas que arreglar y que demandan desde reformas constitucionales hasta la posibilidad de contar con fiscales y jueces extraterritoriales que se hallen lejos del alcance de las mafias. La anhelada extradición para los delincuentes puede formar parte de este campo, pero ello está sujeto al pedido de otros países. Con una visión más amplia, es necesaria la coordinación con los países receptores de la droga, que son algunos europeos, como España, Países Bajos, Italia o Bélgica.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador en entrevista con la BBC: “Luchamos todos los días para no convertirnos en un narco-Estado”

Mientras no se legalice el uso de las drogas a nivel mundial, la actividad más importante de esta guerra es la obtención de información sobre la ruta del dinero. La enorme rentabilidad de ese negocio los lleva a colocar en la economía formal los recursos obtenidos ilícitamente, es decir, lavarlos. Por tanto, es necesario identificar sus vínculos no solamente económicos, sino sobre todo políticos. Aparte del sector financiero, que está sometido a controles bastante eficientes (aunque hay labores de hormiga que permiten saltárselos), sectores como los de bienes raíces, construcción, minería, agropecuario y comercial son fácilmente permeados. Ahí es en donde aparece la cooperación de políticos, que debe constituir el objetivo fundamental de la lucha. Todo esto demanda un eficiente sistema de inteligencia. El golpe más duro para los capos y para sus operadores políticos es el que se da en sus bolsillos. (O)