El narcotráfico y sus secuelas terribles se ciernen sobre el Ecuador. Desaparecer no es una opción, ni la de ser menos país de lo que ya somos: Se dice que el lavado de activos alcanza a $ 3.500 millones, el 3 del PIB, de los que el 75 % va a la economía formal. Mientras, el ingreso per cápita es el mismo de hace 10 años; el 66 % de la Población Económicamente Activa carece de un empleo adecuado; escandalosamente para la dignidad humana poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de $ 3, 2 millones de menos de $ 1,7.

‘El éxodo de los malditos’

Cientos de reos han sido asesinados en las masacres carcelarias desde febrero del 2021. Desde entonces, los gobiernos precedentes fueron incapaces de detener el derramamiento de sangre, como si esas vidas no importaran y después de cada matanza anunciaban falsamente que ya habían tomado control de las prisiones. En el decreto en el que el actual presidente de la república declaró el Estado de Excepción, se menciona que un órgano de la ONU, luego de una visita al Ecuador, informó que la corrupción había permitido el ingreso de armas a dichos lugares y lo que es peor, se ha establecido la influencia del crimen organizado transnacional en las esferas policiales, judiciales, políticas y militares. El primer mandatario dijo que el líder de una poderosa banda criminal, que escapó de su celda, entraba y salía de ella libremente en los dos últimos gobiernos.

El Estado de Excepción fue instaurado el 8 de enero, por grave conmoción interna. A la ciudadanía le consta el grave índice cuantitativo y cualitativo de criminalidad en el país, que se ha incrementado. Sin embargo, como señala la LODDH, Alianza de Organizaciones de Defensa de Derechos Humanos del Ecuador, los reiterados Estados de Excepción movilizando a las Fuerzas Armadas que se han declarado, han sido ineficaces por no responder a un plan integral de seguridad ciudadana, habiendo trasladado al territorio nacional la violencia carcelaria, especialmente en los sectores más empobrecidos, con la complicidad del Estado. Y no se ha depurado a la Policía Nacional, como recomendó el mencionado órgano de la ONU.

El 9 de enero el presidente decretó la existencia de un “conflicto armado interno”, porque ese día se cometieron varios desmanes, en Guayaquil particularmente, entre ellos el asalto a TC Televisión, que arroja más dudas que certezas: 15 adolescentes dispuestos a hacer algo así, lanzados como conejillos de indias a un lugar muy protegido, donde pudieron entrar con facilidad y ser aprehendidos fácilmente, entre otras sombras. El jefe de Estado pidió investigar a Teleamazonas por transmitir la toma. ¿Dónde queda la libertad de prensa, la necesidad de transparencia, oculta algo la autoridad?

La LODDH señala que la declaratoria de conflicto armado interno deja profundas dudas sobre la razonabilidad e insuficiente motivación, que le preocupa la falta de garantías a los derechos de la población no comprometida ni beneficiaria de los crímenes. Dice, con toda razón, que es un error identificar a las bandas del crimen organizado como actores beligerantes no estatales, ya que éstos conceptualmente, por su base ideológica y fines políticos no se identifican con aquellas y deja a la fuerza pública “infiltrada por el crimen organizado o no” la discrecionalidad de la calificación de terroristas.

Se ha alertado de que ocurran los falsos positivos, que, en Colombia, confesados por el ejército que los perpetró a cambio de recompensas, cobró la vida de miles de campesinos en el gobierno de Uribe, a quienes se hizo pasar como bajas en el combate contra la guerrilla. No es hipérbole, las personas tatuadas han sido detenidas e interrogadas aquí. Los pobres, negros, jóvenes, son las víctimas comunes de los excesos policiales. En cuanto a los presos, a pesar de que en el decreto presidencial se considera sus derechos, siguen siendo presa de maltratos como han denunciado sus parientes y las organizaciones de derechos humanos. El obispo de Esmeraldas le contó al mandatario de tales atropellos y que a uno de los detenidos lo golpearon y asesinaron

En la próxima entrega veremos otras respuestas del presidente Noboa, de la Función Judicial y de la población al statu quo, alternativas de soluciones y… el espejo. (O)