Hacer empresa en contexto de guerra interna, con condiciones de grave conmoción social y bajo las limitaciones del estado de excepción pone a prueba al sistema productivo y comercial de nuestro país. La empresa, al igual que la ciudadanía, opera con temor y riesgo; y se ve obligada a activar una auténtica línea de protección y defensa de su capacidad productiva y financiera para asegurar su resistencia y continuidad.

Este conflicto armado interno dificulta el camino para el crecimiento de nuestra productividad. La violencia y la guerra provocan una sistemática destrucción de bienes materiales y de capital humano; se desvían los gastos productivos hacia el gasto militar y de seguridad, crecen los costos de producción, logística y transporte, se deterioran la dinámica comercial, tanto de exportaciones como de importaciones, así como las condiciones de inversión. En un mercado en guerra no solo se contrae el consumo y la creación de empleo, sino que también crecen las economías ilegales y la corrupción.

IVA vs. paz

La incertidumbre respecto a la duración y el tipo de desenlace de este conflicto interno armado obliga al sistema empresarial a mitigar los riesgos para no perder capacidad productiva a corto plazo, aprender a operar en contexto de guerra interna a mediano plazo y a desarrollar resiliencia operativa en un entorno complejo a largo plazo. Desde exigir al sector asegurador pólizas de riesgos de guerra que se adapten con agilidad a la intensidad del conflicto con primas competitivas, hasta activar estrategias de protección de liquidez, posible dificultad para hacer frente a las deudas, al cobro de facturas y a la suspensión de pagos relacionados a la operación empresarial sensible al conflicto, son acciones de protección y defensa necesarias y urgentes.

Todos hacemos patria

Frente a esta realidad, se espera que las asociaciones y cámaras de los diferentes sectores empresariales del país asuman una responsabilidad más activa y coordinada para proponer políticas, diseñar estrategias y crear herramientas que protejan la integridad operativa de nuestro sistema empresarial, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas que son las más vulnerables en contextos de conflicto armado. Ejemplos importantes podemos rescatar de Colombia, donde la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) creó una Guía práctica para enfrentar el delito de la extorsión desde la empresa privada, un delito que constituye la fuente de financiamiento más importante para los grupos armados ilegales; otro ejemplo lo vemos en México, donde con el liderazgo de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) se impulsa la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, que permite medir las pérdidas económicas y los gastos en protección contra los delitos provocados por el crimen organizado, así como el grado de confianza del sector empresarial en las instituciones de seguridad pública y su desempeño.

El costo de la guerra representa pérdida de productividad, de empleo, de oportunidades de desarrollo. Pero también representa la responsabilidad de fortalecer la unidad empresarial para ser un agente activo de construcción de paz. (O)