Fue hace unos veinte años. Ante una serie de incidentes fronterizos, un ministro sentenció que la colombianización de Ecuador era inevitable.

No se refería a las virtudes que adornan al pueblo hermano. Los antioqueños se destacan como los latinoamericanos más emprendedores. Los bogotanos, por su cultura y exquisito manejo del idioma. Se refería a características menos apetecibles: la estructura criminal de la guerrilla mejor calificada por su apelación siciliana: mafia.

Las mafias lucran de actividades ilegales. En Ecuador, el contrabando, muy rentable por los elevados aranceles. Las autoridades responden trabando al comercio legal, encareciéndolo, para mayor beneficio de las mafias.

El chulco: estratosféricas tasas de interés y la “coactiva” es asesinato por sicariato.

Tráfico de drogas: el país se sumerge cada vez más en el mismo. Rafael Correa no renovó el permiso para que la DEA utilice la base de Manta para el monitoreo aéreo. Este Gobierno detectó que dicha base pasó a ser centro de acopio de droga y que un exdirector de Aviación Civil dirigía el narcotráfico aéreo, encargo para el que estaba singularmente capacitado.

Para los pescadores manabitas es mucho más rentable llevar droga a Centroamérica que salir de pesca en aguas infestadas de piratas y arriesgar la vida.

El Gobierno colombiano desarmó a las FARC, muy debilitadas gracias al presidente Uribe, quien bombardeó el campamento fronterizo que les había asignado el Gobierno ecuatoriano. Idas las FARC, se repotencia el ELN, y disidentes de las FARC actúan por su cuenta: recordemos al Guacho. Un dirigente de las FARC, bajo la inmunidad de legislador, dignidad adquirida bajo el acuerdo de paz, se dedica abiertamente al narcotráfico.

La minería ilegal es más rentable y menos peligrosa para las mafias que la droga. En Colombia, las empresas mineras tienen que tratar con el ELN, nos confesó un funcionario de una minera internacional que invertirá en Ecuador (si les permiten). En Venezuela, el ELN explota el oro con esclavos y la asistencia de paramilitares islámicos, denuncia Guaidó.

En Ecuador, la minería es un floreciente negocio mafioso. En Urcuquí, en la vecindad de la operación de Solgold, mina de oro y cobre de importancia mundial, eclosionó la minería ilegal y crece pasmosamente. La prensa reporta que ni las fuerzas armadas pueden entrar.

La Corte Constitucional rechazó por formulismos el pedido de un minero ilegal, que se pronuncie privando al Estado de su derecho a decidir qué áreas abre a la explotación petrolera y minera. Al no pronunciarse sobre el fondo, mantiene la incertidumbre. Negar al Estado ese derecho no detendría la minería, sino que en lugar de ser una actividad reglamentada y conducida por reputadas firmas internacionales, se la reservaría al ELN y mafias locales.

Las organizaciones delictivas colombianas se afianzan en Ecuador. A medida que acrecientan su poder, comprarán y amenazarán jueces, reclutarán policías, elegirán asambleístas. Pueden llegar a constituirse en gobierno paralelo. La amenaza es que perdamos el control de nuestro país.

Muy loables, la soberanía (no a la DEA en Manta) y los derechos de la naturaleza y comunidades. Pero la defensa de principios no puede ser ciega a las consecuencias prácticas: entregar el país a las mafias en bandeja de oro.

(O)