Algunos actores de la política ecuatoriana parecen no entender que la democracia se nutre y fortalece también desde el disenso, es decir, de esa rica diversidad de opiniones y criterios que existe en toda comunidad civilizada; pues, precisamente, al contrastar las ideas y las diferentes visiones que se tiene sobre la sociedad, el mundo, sus problemas y los grandes desafíos, las personas se ven obligadas a argumentar, a defender de forma discursiva sus posiciones ideológicas y hasta programáticas en el caso de quienes se postulan para ocupar algún cargo de elección popular.
Consecuentemente, desde esa perspectiva, se debe tener claro que democracia no es sinónimo de uniformidad de pensamiento, pues la falta de voces disonantes o la escasa movilización de la población (entiéndase efectiva participación ciudadana) denotan la existencia no precisamente de un sistema político sano que goza del buen vivir, sino, probablemente, evidencie la presencia de un régimen de corte autoritario que impone su verdad y que, por lo mismo, es incapaz de tolerar la crítica, algo así como un Estado orweliano.
De ahí la importancia de los debates y la confrontación de ideas en medio de una campaña política a objeto de que el voto –en última instancia– sea el resultado de un responsable ejercicio de reflexión que permita elegir a los hombres y mujeres más capacitados para cumplir una función de representación popular. Hay que visibilizar prolijamente la hoja de vida y el accionar de los postulantes ya en la esfera pública o privada. También, la exposición del candidato, en un ambiente que no necesariamente coincida con su zona de confort o a espacios “amigables”, permite evaluar la inteligencia emocional de la persona, al observar su reacción y comportamiento ante hechos o palabras que están fuera del control de los marketeros electorales.
Así, el debate y más aún el de carácter presidencial, antes que ser una opción que pueda o no ser considerada por parte del candidato, se traduce, más bien, en un derecho de la población al permitirle a esta disponer de la mayor información posible antes del sufragio, por lo que se convierte en una obligación de todos quienes se postulan, sobre todo, para la primera magistratura, en concurrir a esos eventos.
Por lo mismo llamó la atención que el candidato oficialista Lenin Moreno se excusara de asistir al debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, al considerar que parte de las temáticas por tratar constituían “…ejes centrales del infundado ataque al Gobierno y a nuestras candidaturas, representan un sesgo claro en contra de nuestra propuesta…”.
Esta decisión del exvicepresidente Moreno desveló una carencia normativa en el país que obligue a los candidatos a no rehuir por estrategia o conveniencia los debates presidenciales. Se hace necesario, entonces, conforme lo hizo últimamente la Argentina, expedir una ley que haga obligatoria esta clase de encuentros y establezca sanciones para quienes los inobserven, pudiendo en ese caso al infractor reducírsele la asignación de franjas publicitarias que financia el Estado.
Con ello es probable que no se vuelva a presentar la figura del candidato ausente y tener los ecuatorianos que mirar un atril vacío de ideas, de respuestas… (O)