El informe a la nación del presidente Correa, presentado a la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2016, repitió lo de siempre de otros mensajes, sabatinas y declaraciones, una visión mesiánica de su ejercicio del poder rodeado de cuasi-ángeles a quienes se hace rotar como en un carrusel. Pero, si contra algunos de aquellos son muy aplastantes las evidencias, solo en ese momento –y si no se le facilitó la salida, como en el caso de Pedro Delgado– personificarán a Luzbel, el ángel reluciente, brillante y portador de la luz, al que se lo echó al infierno, y el arcángel Miguel, en la Biblia cristiana, fue el encargado de aquello. ¿Quién hace de arcángel Miguel en el Ecuador de nuestros días?

“...querido Álex”
Corresponde al caso más reciente vinculado con obras y servicios en la Refinería de Esmeraldas. Los valores inicialmente presupuestados se dispararon por veces. Lo que inicialmente no llegaba a quinientos millones, con una serie de escalamientos, se multiplicó por más de tres veces. Y hubo un “Luzbel” –reluciente, brillante y portador de la luz, como el de la Biblia– Álex Bravo, que pasaba de un cargo a otro, hasta que las evidencias de sus infracciones fueron inocultables. El presidente Correa –que para algunos es multipresente, sinceramente no creo que siempre– se desconcertó, aclaró que lo que se le había dicho es que era un funcionario “de carrera” y que él no sabía que se le había dado tanto poder que usó ilícitamente. Sus críticos reprodujeron cientos de fotos e imágenes que evidenciaban su proximidad y hasta una presentación –no sé si habría sido un montaje– donde aparece dirigiéndose a él con la expresión coloquial “…querido Álex”.

Los pases de la Policía
Un oficial de la Policía Nacional instalado en el Palacio de Gobierno, cercano al presidente de la República, Alexis Geovanny Cifuentes Bedoya –hoy prófugo– que habría arriesgado su vida el 30-S, y por eso fue honrado con un acuerdo ministerial en que se lo felicitaba públicamente y se disponía registrar la felicitación “en el libro y hoja de vida del oficial subalterno” y que se publique en “la Orden General Institucional, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, daba instrucciones sobre pases del personal, en una danza que sumaría millones de dólares. Los subalternos en el cumplimiento de sus instrucciones –aun con rangos superiores en el orgánico en la Policía– a más del prófugo Cifuentes, son los procesados.

¿El presidente sabía de los ilícitos del oficial Cifuentes, que inclusive lo acompañó al exterior y trabajaba muy próximo a él?, seguro que no, pero se repite la imagen de Luzbel, ya antes comentada.

¿Solo los peones son responsables?
El art. 9, segundo inciso, del Reglamento que regula las atribuciones de Directorios de Empresas Públicas, expedido por el actual Gobierno, expresa: “En el caso de contrataciones, las autorizaciones del Directorio se circunscribirán al inicio de los procesos precontractuales. No corresponde al Directorio autorizar la suscripción de contratos. El gerente general suscribirá los contratos de la empresa una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todas las etapas. El conocimiento por parte del Directorio de la suscripción de los contratos no exime de la responsabilidad exclusiva del gerente general en dichos procesos”.

Quizás está demás decirlo que bajo la actual estructura política y administrativa, los directorios casi en exclusividad son de ministros o de otras autoridades políticas del Gobierno.

Los “gerentes generales”, o de otras denominaciones, en las empresas públicas en la realidad usualmente no pasan de ser peones, en ciertos casos personifican a “Luzbel” antes de ser enviado al infierno.

Para usar términos bíblicos, alguien decía que las autoridades políticas, que realmente son las que mandan, superan a Poncio Pilatos en aquello de lavarse las manos.

El caso del Issfa, al respecto, supera a aquel espacio que se conoce como “Aunque usted no lo crea”. Para presionar al mando militar, había oídos sordos sobre el pedido del director general del Issfa, desde el año 2009, de que se conozcan los riesgos de afectación de los terrenos de Samanes, hasta que se impuso la fórmula de la compraventa, diciembre del 2010, con avalúo de la Dinac, “para evitar la expropiación”, porque de haber habido expropiación habría podido cuestionarse el avalúo, sea mediante recurso administrativo, o por la vía de juicio de expropiación, al tenor de la ley vigente el año 2010.

Antecedente de todo esto fue la eliminación desde la Asamblea de Montecristi, 2008, de los pronunciamientos sobre los procesos precontractuales, antes obligatorios, de la Contraloría y de la Procuraduría; y, luego la afectación de la posibilidad de auditoría de gestión por parte de la Contraloría, lo que para algunos terminó siendo una especie de patente de corso.

¿Podrá alcanzarse transparencia?
Es la oportunidad que puede consagrar al actual Gobierno en los meses que siguen. Que se abran todos los archivos y se conozcan todos los casos de indicios de responsabilidad penal, ahí sí podría pensarse que ha habido intención cierta en la frase que se usó para publicitar al “Informe a la Nación-2016”, cual fue “una década ganada”, por aquello de que el presidente Correa está próximo a cumplir la década en el poder.

Y esa transparencia callaría a los que sostienen que más debería calificársela de “una década gastada”. (O)

Para usar términos bíblicos, alguien decía que las autoridades políticas, que realmente son las que mandan, superan a Poncio Pilatos en aquello de lavarse las manos.