En tiempos normales, uno se negaría a creer lo que está oyendo y leyendo sobre la exigencia del Gobierno para que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) le devuelva un supuesto sobreprecio en la compra que le hiciera en 2010 el Ministerio del Ambiente de terrenos para la construcción del parque Samanes, en Guayaquil, porque el contrato de compraventa lo suscribió el Gobierno, el avalúo lo hizo una dependencia del Gobierno y lo pagó el Gobierno. Hoy –¿se dieron cuenta después de cinco años?–, para pedir la devolución se basan en un informe “vinculante” de la Procuraduría que determina que el Issfa debe devolver el declarado sobreprecio.

El procurador no es juez, es el representante judicial del Estado y en esa calidad podría o pudo demandar ante los jueces la rescisión del contrato por lo que el Código Civil llama lesión enorme. Digo que pudo porque la acción de rescisión por esta causal prescribe en cuatro años, durante los cuales el Gobierno nada objetó, ni tampoco lo hicieron ni la Procuraduría ni la Contraloría. Si existe sobreprecio, el responsable es el Gobierno, en primer lugar y, en segundo, los organismos de control que no lo impugnaron a su hora.

Los ministerios no tienen personería jurídica; los ministros, secretarios de Estado, actúan por delegación del presidente de la República. Si los ministros han actuado sin informarle, es a ellos a los que el presidente debe tomarles cuentas; y son ellos quienes le deben una explicación al país. La compra la hizo el Estado con autorización expresa o tácita del jefe del Estado.

La santidad de los contratos es la base de la convivencia civilizada; las normas de nuestro Código Civil nos han llegado del Derecho romano, a través del Código de Napoleón, recogido por Andrés Bello en el Código Civil chileno del cual tomamos el nuestro.

El contrato es válido, no puede ser impugnado cinco años después de su firma, y el recuperar el supuesto sobreprecio mediante acción administrativa, sin autorización judicial, sería una arbitrariedad, rompería el imperio de las leyes, volveríamos al tiempo de las cavernas. Si existe sobreprecio, este fue acordado por el Gobierno y deben establecerse las responsabilidades de todos quienes por acción en la contratación o por omisión en el cumplimiento de sus funciones de control, ocasionaron o toleraron el perjuicio al Estado. Pero resulta que los verdaderos responsables no son acusados, y más bien pagan las consecuencias, son destituidos, los miembros del alto mando militar que reclaman el respeto al derecho, a su institución .

El militar presta juramento, en el momento de su ingreso a los institutos militares, de obedecer la Constitución y las leyes y de no aceptar órdenes contrarias a ellas. El nuevo alto mando se encuentra ante el más delicado de los dilemas. Recordemos que los afiliados al seguro general también se sienten despojados.

Hoy irrespetan el seguro de los militares; constantemente lo hacen con los fondos del seguro social general. ¡Al denunciar el supuesto sobreprecio en un acto propio de él, el Gobierno se ha incriminado a sí mismo! (O)