El impasse del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) con el Gobierno, sin duda constituye un evento de singular importancia en la actualidad política nacional, no solo porque aceleró la salida del alto mando militar, sino por varias circunstancias que se produjeron paralela y posteriormente, que bien valen echar un poco de tinta en su análisis.

La razón de la controversia es un supuesto sobreprecio pagado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) al adquirir unos terrenos en 2010 al Issfa, donde posteriormente se construiría el emblemático Parque Samanes. De acuerdo con declaraciones del propio presidente de la República en esa época, estos costaban alrededor de 80 millones de dólares, y a base de un avalúo realizado por el mismo Gobierno se pagaron 48 millones. Hasta ahí parecía que todo iba bien y que incluso se había logrado un negocio en condiciones favorables con dicha adquisición. El problema se produce cuando en febrero de 2016 y a base de un informe del procurador general del Estado, el presidente Correa dispone el descuento de 41 millones de los fondos del Issfa, en razón de considerar que dicha cantidad se ha pagado en exceso, pues a la fecha de la transacción, el avalúo municipal de los terrenos era de 7 millones de dólares.

Ante semejante anuncio, las alertas se prendieron dentro de las propias Fuerzas Armadas y su cúpula se pronunció, rechazando este descuento por considerarlo injusto y lesivo a los intereses de la institución. La reacción gubernamental no se hizo esperar, el ministro de Defensa Cordero recordó a los militares su carácter obediente y no deliberante, mientras que el presidente vía Twitter anunció su inmediato relevo, que se efectivizó con la emisión del decreto correspondiente. Solo de estos episodios, ya podemos extraer algunas enseñanzas y ensayar un análisis. En primer lugar, si había una inconformidad respecto de lo pagado, supuestamente en exceso y no había acuerdo sobre este sobreprecio entre las partes, como fue evidente, lo que procedía era iniciar una acción judicial para lograr la restitución de dichos valores. Para eso existen esos funcionarios llamados jueces, a quienes al menos en teoría, la Constitución les ha otorgado la facultad de dirimir con carácter vinculante las diferencias tanto entre entes de derecho privado como entre aquellos de derecho público. Esto por supuesto en un país donde existan jueces, entendidos como tales a funcionarios judiciales independientes de los poderes políticos y gubernamentales, en un país donde los jueces decidan en derecho y no legitimen con sus decisiones, cualquier abuso del poder. Fiel a su estilo, Correa asumió la facultad de dirimir esta controversia y sacar del medio a quienes cuestionaban su decisión. “Yo no discuto con subalternos” dijo, refiriéndose al pronunciamiento del alto mando militar y dejando en claro que no descenderá de su Olimpo personal para intercambiar ideas con un grupo de “milicos” desubicados. ¿Y el principio de legalidad? Se preguntará todavía algún incauto, que quiera cuestionar el porqué es el presidente y no un juez quien emite la decisión. Ya nos explicará Correa, con su acostumbrado gusto por las falacias, que tanto el Issfa con el MAE son entidades gubernamentales y que él como jefe de gobierno también ejerce la jefatura de las mismas. Una explicación igual de primitiva, como cuando dijo a la concurrencia de una sabatina, que el Estado tiene tres funciones y que él al ser jefe de Estado, tiene todo el derecho de intervenir en el Legislativo y Judicial con la misma legitimidad que lo hace en el Ejecutivo. Los asistentes, una mezcla de funcionarios y masa contratada para el efecto, se rompieron las manos aplaudiendo semejante genialidad, mientras las lágrimas salpicaban sus ojitos revolucionarios.

Respecto del carácter obediente y no deliberante de los militares, al que hizo referencia el ministro Cordero, creo que la afirmación es tan burda que se descalifica por sí sola. Es obvio que son obedientes en aquellos temas que tienen que ver con democracia y manejo político del Estado, pero tienen la misma capacidad y derecho de expresar su opinión en temas de su interés directo. Es decir bajo el superargumento de Cordero, si mañana les reducen los sueldos a la mitad, deberían quedarse callados porque no son deliberantes. Un razonamiento así, merece un aplauso y de pie, pues para decir algo de ese calibre, se necesitan toneladas de personalidad.

Quedó claro que los jueces como grupo se encuentran tan precarizados, que ni siquiera se los toma en cuenta en asuntos que son de su exclusiva competencia. Hay que recordar por cierto, que el Consejo de la Judicatura está metido en otro rollito de 23 millones de dólares al que me referiré en mi siguiente artículo. Mientras tanto a los militares y su seguridad social les dijeron en voz alta “¡Trípode, colocar!”. Ellos saben de lo que hablo. (O)

¿Y el principio de legalidad? Se preguntará todavía algún incauto, que quiera cuestionar el porqué es el presidente y no un juez quien emite la decisión.